La Justicia ha tumbado medidas que se han tomado en algunas Comunidades Autónomas para prevenir el COVID-19. Para conocer la legalidad de las medidas que se están tomando en la Melilla, la Ciudad Autónoma de Melilla ha enviado una petición a los juzgados en la mañana de este lunes. El presidente de la Ciudad Autónoma de Melilla, Eduardo de Castro, reconoció que hay un problema que está afectado a muchos territorios porque al limitar muchos derechos fundamentales se debe autorizar por un juez.
Melilla ha enviado ya su consulta por lo que "dependerá de lo que diga el juez de turno", explicó De Castro. Explicó que esto sucede "porque las medidas administrativas no pueden regular nunca derechos fundamentales". Antes todo estaba regulado por la Ley Orgánica del estado de alarma que sí permite regular los cierres de centros o de ordenar confinamientos, e incluso impedir la libre movilidad de la ciudadanía.
Desde la el Gobierno de la Ciudad Autónoma puede tomarse esa medida, pero se deben solicitar dichas instrucciones y ser autorizadas siempre por la autoridad judicial, indicó el presidente local. "La autoridad dirá si podemos hacer el confinamiento sino podemos hacerlo, etc.", indicó Eduardo de Castro. Cree que va a ser una decisión que se conocerá de forma inminente sin tardar mucho.
Respecto al segundo positivo del CETI, el presidente dijo que aún no tenía noticias de si esta personas había dado positivo o no, aunque indicó que iría al centro COVID de Polavieja para aislarse y guardar la cuarentena. "Para cualquier conato de brote hay que tomar medidas de suficientes para evitar que haya más contagios", comentó. Por ello, recordó desde Políticas Sociales, de la que depende el área de Salud Pública, se están encargando directamente de estos protocolos junto con el Ingesa.
Por otro lado, dijo que hace unos días estuvo hablando con la secretaria de Estado de Migraciones, Hana Jalloul, para recordarle que hay que decidir sobre el asunto de la descongestión de la plaza de toros porque hay gente que se está quejando. Sin embargo, aseveró que se trata de un problema de espacio. "No tenemos un espacio para poder ubicar a estas personas, pues lo que tenemos que dónde podemos, y hasta ahora es así", comentó.
Comentó que lo único que podía decir, es que la secretaria de Estado le dijo que estaba en conversaciones con el Ministerio del Interior y otros ministerios para intentar buscar una solución a este problema.
En este asunto esta metido el tema de la inmigración, que depende de la Administración General del Estado, a través de Delegación del Gobierno y la Ciudad Autónoma lo que hace como administración local es ofrecer lo que tienen, explicó. Por ello, lo que se tienen son espacios que se han habilitado y no hay más espacios. "A no ser que el Ministerio ofrezca un espacio distinto, pero claro, ya no depende de nosotros", dijo.
El Gobierno local aporta lo que tiene, y añadió De Castro, "que no se puede dejar a gente en la calle, sin techo, sin comida y sin control". Aunque es cierto que "todo es mejorable", el problema es que en el CETI existe un problema de hacinamiento. En caso de que la Administración estatal decida trasladar a las personas de la plaza de toros a la península, podrían trasladarse a más personas a dichas instalaciones. Sin embargo, esas decisiones dependen de los ministerios del Interior y de Migraciones.
