El máximo dirigente de la asociación, Manuel Soria, consideró que “la falta de diálogo” entre ambas administraciones no ayuda al mantenimiento del cauce.
Después de varios días de polémica sobre el estado de suciedad del río de Oro, la asociación Guelaya – Ecologistas en Acción ha decidido terciar en el debate solicitando una mayor colaboración entre las partes implicadas – área funcional de Fomento, Ciudad Autónoma y Autoridad Portuaria – para poner punto y final al problema cuanto antes.
En declaraciones a ‘El Faro’, el máximo dirigente de Guelaya, Manuel Soria, precisó que lo que necesita el cauce del río es una vigilancia y un mantenimiento permanente para evitar que se den situaciones como la de ahora, ya que prácticamente todo el cauce presenta numerosos desperdicios y zonas de aguas estancadas.
En este sentido, explicó que la coordinación entre administraciones era vital, y lamentó que una cuestión de calado medio ambiental esté derivando en una discusión de carácter político.
Al hilo de su intervención, ofreció algunas soluciones, como la manifestada por el área funcional de Fomento de abrir un canal en la desembocadura para que las aguas puedan fluir hacia el mar. No obstante, recalcó que este no es el momento adecuado de hacerlo, ya que las aglomeraciones de aguas estancadas podrían afectar “gravemente” a las playas de la ciudad.
“No se pueden encontrar soluciones de la noche a la mañana”, añadió, “el río lleva así muchísimos meses, era obligación de todos haberse hecho cargo de él, tanto en la desembocadura como en el resto del cauce. Lo que ha fallado aquí es el enfrentamiento continuo entre administraciones y la falta de diálogo”.
Además, matizó que para dar salida a las aguas estancadas que demanda el área de Fomento no haría falta un proyecto de presupuesto elevado, sino que se podría habilitar una estructura desmontable para instalarla cuando se prevea que va a llover con intensidad y aumentar así la capacidad de desagüe del río.
Problemas de coordinación
Para finalizar, el dirigente de la asociación ecologista opinó que una de las mayores causas de este tipo de situaciones es que las áreas de actuación de cada administración están “demasiado fraccionadas y poco claras”.
Así, añadió que la gestión de las playas, así como del último tramo del río, debería pasar a manos de la Dirección General de Costas, para que fuera la Administración central la encargada de aportar soluciones a estas problemáticas.
Y es que el debate suscitado alrededor del estado de suciedad que presenta el río ha llevado a intervenir a Delegación del Gobierno, Ciudad Autónoma y ecologistas, cada uno en defensa de sus intereses. No obstante, como remarcó Soria, la discusión se ha trasladado por completo al terreno político, sin que por el momento ninguna de las partes implicada haya ofrecido algún de medida al respecto.
