UGT aseguró este miércoles que ya ha pasado un año desde la configuración del Gobierno local y que es hora de que se atiendan desde el Ejecutivo melillense las demandas de los funcionarios de la Ciudad. Subrayó que se va a pasar de solicitar a exigir que se cumplan los acuerdos ya firmados con el Gobierno local, porque para UGT, se rubricaron en 2019, pero con la institución, no con un partido. En concreto, el secretario general de UGT Melilla, Paco Díaz, aseveró que deben de aplicarse ya los acuerdos firmados con la Policía Local, tanto de incremento salarial como la reestructuración de los servicios. Además, remarcó que es preciso ya tener una valoración de puestos de trabajo de toda la Administración local melillense.
Díaz remarcó que el traslado de peticiones se ha convertido ya en una exigencia para el Ejecutivo. Se ha enviado a este un escrito con todos los acuerdos que no se han cumplido. El sindicalista afirmó que se va a esperar diez días. Si no recibe ninguna notificación del Ejecutivo, comenzarán con acciones. La primera de ellas será realizar una asamblea y si el Ejecutivo local no empieza a dar pasos para implantar los acuerdos, se llegará a las movilizaciones, añadió.
Las peticiones
Al secretario general de UGT de Melilla le da igual que el actual Gobierno local no firmara con la Policía Local el acuerdo del pasado año porque subrayó que ese documento se rubricó con el Ejecutivo, es decir, con la entidad y no con partidos determinados. Por ello, exigió que se aplique ya tanto la subida salarial, como una reorganización de la plantilla.
También subrayó la importancia de contar con una nueva valoración de puestos de trabajo porque hace 20 años que no se hace una y las labores de los funcionarios han cambiado. Indicó que esto no quiere decir que se vaya a recibir una nómina mayor, sino simplemente conocer qué labor tiene cada uno de los empleados públicos y si cuenta con turnicidad y otras características. Una vez que se cuente con este documento se solicitará que se diga cuál es la masa salarial para poder ver si se pueden negociar mejoras.
Otra de las exigencias de UGT es volver al acuerdo marco y al convenio colectivo anterior a la crisis porque se han perdido derechos sociales que los empleados públicos no han vuelto a recuperar.
El sindicato aseveró que está muy bien que se ayude en estos momentos a las empresas con el dinero que se va a invertir desde el Gobierno local y el Estado, pero remarcó que los funcionarios también tienen que ser atendidos, puesto que son unos 1.200 profesionales que aportan al consumo.
Respecto al dinero que llegará del Ejecutivo central, UGT demandó participar en la mesa en la que se decida a dónde van dirigidos esos fondos.
Cree que los desacuerdos en la Ciudad influyen en el olvido al funcionario
“Creemos que este Gobierno no tiene suficiente atención para sus empleados públicos. Puede que haya una parte del Ejecutivo que sí sea sensible, pero cuando tienen que salir las decisiones, tienen que salir por mayoría, y no sabemos dónde están los obstáculos para que esto salga adelante. Que lo expliquen ellos”. Así de contundente se expresó el secretario general de UGT en Melilla, Paco Díaz, que aseveró que las discrepancias del Ejecutivo influyen en ese olvido hacia el funcionariado.
Además, se denunció falta de coordinación entre consejerías y direcciones generales. El secretario de organización de la sección de UGT Ayuntamiento, Paco Téllez, explicó que se han adoptado decisiones en una mesa negociadora sobre, por ejemplo, el horario de los funcionarios ahora con la desescalada y según la dirección general se cambia el criterio. Hay algunos directores generales que indican que la hora de trabajo es a las 8:00 mientras que otros apuntan que es a las 9:00 horas, cuando en realidad hay un acuerdo con los sindicatos para regular esto.
También denunció que no se recibe la cuota sindical desde hace cuatro meses y se desconoce el por qué. Dijo que se retiene esta cuota directamente en las nóminas, pero luego la Administración local tarda dos meses en abonar este dinero a los sindicatos.
Por otro lado, Téllez denunció que hay una consejería, de la que no quiso dar el nombre, que ha dicho a los funcionarios que deben coger 15 días de vacaciones obligados entre julio y agosto, sin que esto se haya visto en negociación colectiva.
