El secretario de la Ejecutiva del PSOE de Melilla, Mohamed Mohamed Mohand, aseguró ayer que se va a interponer un recurso contra el archivo de la operación ‘Tosca’, en concreto, en la parte en la que se investigaba a la empresa Eulen. Subrayó que por un tema procesal debe ser una persona quien presente este recurso y lo hará el exsecretario general del PSOE en Melilla, Dionisio Muñoz, que también se presentó de forma individual en este caso con anterioridad cuando comenzó la instrucción en los juzgados.
Fue el lunes 13 cuando se archivó el caso ‘Tosca’, según un auto de del juzgado de Instrucción número cuatro, y el martes 14 ocurría lo mismo con el caso ‘Ópera’. Unos días más tarde, la secretaria general del PSOE de Melilla, Gloria Rojas, dijo que mostraba su máximo respeto a las instituciones judiciales, pero apuntó que desde su partido se estaban analizando los autos. En concreto, explicó que los servicios jurídicos del PSOE estaban leyendo los documentos para saber qué había ocurrido.
La jueza del juzgado de Instrucción número 4 de Melilla declaró el lunes 13 el sobreseimiento provisional de la causa que había contra la empresa Eulen y diferentes funcionarios de la ciudad, así como exconsejeros y viceconsejeros de anteriores Gobiernos locales, más de 20 personas en total, por un presunto delito de prevaricación administrativa.
Según el auto, al que tuvo acceso El Faro, se describe que “dadas la evidente ausencia de indicios que justifiquen la perpetración del delito objeto de las presentes actuaciones, como lo evidencia un escrito del Ministerio Fiscal del 17 de enero de 2019, por lo expuesto cabe afirmar que de lo actuado no aparece debidamente justificada la perpetración del delito que ha dado motivo a la formación de la causa, por lo que procede decretar el sobreseimiento provisional de las actuaciones”.
En el auto se recoge que se cuestionaba la legalidad de la tramitación de los contratos entre Eulen Seguridad y la Consejería de Seguridad Ciudadana desde 2004 a 2012 (menos entre 2006 y 2007 que se suspendieron las licitaciones ofertadas) y la alteración de las condiciones de los pliegos de dichas contrataciones para favorecer y beneficiar a Eulen. Eso implicaba que se beneficiaba a sus responsables y había una sobrefacturación de servicios no prestados y desvío de fondos públicos con presentación de facturas falsas sin previa aprobación de gastos para su abono, aludiendo a la existencia de tráfico de influencias y concierto previo entre los representantes de la empresa y los responsables de la Ciudad, todo esto con base a una documentación que se incautó el 24 de febrero de 2014 en Eulen y los correos electrónicos recogidos en esa intervención policial.
La jueza añade que no se puede extraer esas conclusiones de las actuaciones que se han llevado a cabo en esta investigación.
“Los distintos oficios de la Guardia Civil unidos a las actuaciones quepa deducir tales indicios”, señala y apunta que ya está finalizada la fase de instrucción y superado con creces el plazo máximo de prórroga de la misma, que venció el 6 de junio de 2018.
