El vicesecretario regional de Estrategia y Política Económica del PP de Melilla, Daniel Conesa, se quejó ayer de los “largos plazos” que los empresarios están dando a la Delegación del Gobierno para buscar una solución a la situación de la frontera con Marruecos.
Decía ayer en rueda de prensa Conesa, que mientras que al anterior Gobierno, en manos del Partido Popular, se le daban 48 horas para poder resolver el problema fronterizo, a los socialistas se le prolongan los tiempos. Concretamente ocho meses.
Desde el PP han mostrado así su “envidia” por lo que consideran un trato diferente por parte de los comerciantes a la hora de reivindicar sus necesidades ante los responsables políticos.
Más allá del sarcasmo mostrado por el dirigente popular, lo que si es cierto es que la situación en la frontera no ha mejorado desde la llegada de Sabrina Moh a la Delegación del Gobierno.
Por el momento, las mejoras proyectadas ya estaban en marcha cuando se produjo el cambio de inquilino en Moncloa, e incluso algún proyecto, como es el caso de la construcción de un centro de distribución de mercancías en el paso fronterizo de Barrio Chino, parece haber desaparecido de los Presupuestos Generales del Estado para 2019.
Tampoco se ha emprendido ninguna acción de calado por parte de la diplomacia española, en manos de Josep Borrell, para solucionar el cerrojazo aduanero decretado por Marruecos en Beni-Enzar.
Los agentes sociales, en este caso los empresarios melillenses, tienen todo el derecho del mundo a reclamar aquello que consideren justo, de hecho la protesta es una de las bases de nuestro sistema democrático, pero también es cierto que las reivindicaciones se legitiman cuando se exigen de igual manera sea quien sea quien gobierne, indistintamente del color del partido. Si no, se corre el riesgo de caer en comportamientos cínicos que desvirtúan la propia reclamación expuesta.
