La investigación a un educador del centro de acogida de La Purísima que fue detenido por supuestamente haber apuñalado a un menor el pasado mes de junio en estas instalaciones ha desatado una ola de críticas a la gestión de la Consejería de Bienestar Social.
Los partidos de la oposición no han tardado en exigir responsabilidades al Gobierno local, recordando que es el responsable de velar por la seguridad de los menores aunque se haya externalizado el servicio.
El hecho de que el suceso no se haya conocido hasta el pasado martes a raíz de una información publicada por El País también ha suscitado dudas acerca de un posible oscurantismo por parte de la Consejería de Bienestar Social.
No obstante, desde la Ciudad se aseguró ayer que esta área no tuvo conocimiento de la presunta agresión hasta el pasado día 10 de este mes, cuando la Guardia Civil detuvo al trabajador, que finalmente ha sido puesto en libertad tras pagar una fianza de 6.000 euros.
Está claro que no hay soluciones fáciles. La Consejería de Bienestar Social es, sin duda, una de las más difíciles, si no la más complicada, de gestionar en Melilla. El problema desborda a una ciudad del tamaño de la nuestra. Desde varios ámbitos llevan tiempo reclamando la devolución de competencias en menores extranjeros al Gobierno central. Otros piden que se repartan a estos jóvenes entre las diferentes comunidades autónomas.
Habrá que estudiar el problema desde todos los prismas, huyendo de remedios fáciles que no existen, para valorar si desde el Gobierno local se cuenta con los recursos suficientes para hacer frente a esta cuestión. Urgen soluciones para que la Ciudad no se vea desbordada al tiempo que se respeten los derechos de estos niños.
