En noviembre de 2013 el Ejecutivo de Mariano Rajoy ordenó instalar las concertinas en las vallas que trazan la línea imaginaria entre Europa y África. El Consejo General de la Abogacía en aquel entonces se manifestó con una propuesta que partió de la subcomisión de Extranjería del Colegio de Abogados de Melilla y fue redactada por el letrado melillense Antonio Zapata. “Solicitamos al Gobierno la eliminación de la alambrada con cuchillas porque este tipo de elementos entran en conflicto con el respeto a los derechos humanos, en concreto, con la integridad personal y física de las personas migrantes”.
Así lo explica el abogado que redactó el texto en el que se pedía la retirada de elementos lesivos. Tras anunciar el ministro del Interior, Fernando Grande-Marlaska, que intentará eliminar las concertinas de vallas de Ceuta y Melilla, Zapata subraya a El Faro en que así debe ser puesto que, además de herir a personas, estas cuchillas “no cumplen el pretendido cometido de la disuasión”.
Aclara el experto en materia de Extranjería que esta retirada en ningún caso implica prescindir de un control de fronteras. “Se trata de que ese control sea acorde a la legalidad nacional e internacional, de que sea absolutamente respetuoso con los derechos humanos”, matiza.
Para el letrado, que considera que la instalación de concertinas no ha logrado disuadir a los migrantes en su intento de alcanzar el sueño europeo, tampoco cree que su retirada vaya a tener un ‘efecto llamada’ como apuntan ciertas voces. “Hemos visto durante años que a estas personas no les importa rajarse las manos con tal de saltar la valla, han seguido haciéndolo”, argumenta.
“Lo que no podemos es quedarnos en el discurso de que las concertinas no son elementos lesivos porque son estáticos y no van a atacar a nadie”, apunta Zapata. Causan un daño “no pretendido”, según sostiene.
Escuchar a los migrantes
El abogado melillense recuerda que desde la subcomisión de la que él era responsable también se presentó una propuesta para manifestar la oposición de la abogacía a la modificación de la Ley de Seguridad Ciudadana, que pretendía validar las devoluciones “de facto inmediata de inmigrantes” en frontera, como finalmente se aprobó. Al respecto, Zapata mantiene que esta actuación es totalmente contraria a las garantías de derechos fundamentales conseguidas como consecuencia de un largo proceso de conquistas.
“Las devoluciones en caliente vulneran nuestro propio sistema”, asegura el letrado. Sobre este asunto, apunta que las personas migrantes “tienen derecho a ser escuchadas y a acceder a los recursos propios de nuestro Estado de derecho”.
Estudiar cada caso
Para Zapata, hay muchos tipos de motivos y persecuciones detrás del fenómeno de la inmigración. “No se pueden llevar a cabo devoluciones sin estudiar cada caso de forma individualizada, sin dar la oportunidad de que se identifiquen cuestiones como la trata o sin caer en la cuenta de si un joven realmente es menor de edad”, ejemplifica el abogado.
El letrado, que recuerda que España está condenada por dos devoluciones que tuvieron lugar en la valla de Melilla, resalta que todavía está pendiente de resolverse un recurso de inconstitucionalidad interpuesto ante el Tribunal Constitucional sobre la modificación de la ley que contempla las ‘devoluciones en caliente’.
“Si no hay un procedimiento administrativo, ni se permite acceder a los recursos que marca la legislación se vulneran derechos reconocidos en nuestra carta fundamental”, subraya Zapata.
