El verano del año pasado ha sido determinante para el futuro de Isabel, Paloma y Carmen Lucía. Estas tres estudiantes de Derecho de la Universidad de Comillas vivieron en Melilla una experiencia única, en la que se fortaleció su compromiso con los derechos humanos. Pasaron el mes de julio acompañando y asesorando jurídicamente a personas en tránsito de la mano del Servicio Jesuita a Migrantes (SJM), a través del voluntariado ‘Comillas Solidaria’. Según describen, aquí pudieron comprobar que el camino que emprenden las personas que tratan de regularizar su situación no es nada sencillo: el proceso se asemeja bastante a una ‘malintencionada’ carrera de obstáculos.
Las “trabas burocráticas” que se encontraron en su verano en la Frontera Sur en seguida llamaron la atención de las tres jóvenes. “Hay trámites, como la realización de la huella de los jóvenes ex tutelados, que en la península no entrañan más complicación que seguir lo que dicta la ley”, expone Paloma. “En Melilla, sin embargo, nos hemos encontrado con ciertos requisitos que ni siquiera se saben muy bien de dónde salen”, cuenta.
Según exponen las voluntarias, uno de los principales problemas que detectaron en materia documental es la “opacidad” con la que funcionan las administraciones. “En muchas ocasiones se pasaban la pelota de una a otra, nos remitían a otras oficinas y allí nos decían que ese no era el lugar al que había que ir”, comentan. Esta situación, insisten las estudiantes de la Universidad de Comillas, deriva en un “vacío legal” ante el que las personas se hallan totalmente indefensas.
“Si para nosotras, que tenemos conocimientos jurídicos y el castellano es nuestra lengua materna, era complicado realizar cualquier gestión por todas las dificultades que pone la Administración, no nos podemos figurar lo complicado que puede resultar para una persona que no sabe el idioma y desconoce la legislación”, sostienen. Para Isabel, está muy claro que el único fin de todas estas trabas no es otro que impedir que las personas continúen sus procesos migratorios en el marco de la legalidad.
“Nosotras hicimos todo lo que pudimos en el mes que estuvimos allí y ahora nuestro objetivo es dar testimonio de las distintas realidades de las que hemos sido testigos”, afirma Paloma. Este afán por visibilizar lo que ocurre en la frontera llevó a las tres estudiantes a presentar su proyecto ‘Mi-gran(d)o de arena: construyendo una migración segura’ a un concurso de la Universidad de Valencia, del que se han alzado con el Premio Ragalo en la categoría de Ciencias Sociales y Jurídicas.
Contacto con los menores
Según cuentan las jóvenes, nunca se olvidarán de su estancia en Melilla. Para ellas, fue “demoledor” observar de cerca la situación en la que viven los menores que duermen en la calle. Por eso cuando salían de la oficina del SJM se dedicaban a prestar apoyo a la asociación Pro Derechos de la Infancia (Prodein). Así fue cómo conocieron a varios niños no acompañados y a jóvenes ex tutelados, a los que pusieron nombres y caras, además de conocer sus historias de vida.
“Para mí, lo más duro fue comprobar el rechazo social que viven estos niños”, sostiene Carmen Lucía. Un rechazo que, según afirma, se hace extensivo a las personas que se acercan a ellos para que se sientan menos solos. “Varias veces nos hicieron comentarios negativos cuando íbamos por la calle con ellos, el más típico era: llévatelos a tu casa”, rememora la estudiante.
Pese a los obstáculos, los comentarios negativos y las duras realidades que se dan en esta frontera, Paloma, Isabel y Carmen Lucía se llevan una gran lección aprendida de nuestra ciudad: “Hemos eliminado determinados prejuicios, somos más abiertas de mente y ya no apartamos la mirada de las personas que se encuentran en mayor situación de vulnerabilidad”.
