El Gobierno central asumirá el desarrollo y el coste de las actuaciones que se van a desarrollar en Barrio Chino. Así lo afirmó ayer el consejero de Medio Ambiente y portavoz del Ejecutivo local, Manuel Ángel Quevedo, en respuesta a la pregunta formulada por el diputado de CpM Hassan Mohatar, que criticó que la Ciudad pague esta actuación con dinero de los melillenses.
Quevedo apuntó, eso sí, que ya a partir de ahora habrá que pedir explicaciones al nuevo Gobierno de Pedro Sánchez, después de que la moción de censura del PSOE haya salido adelante y Mariano Rajoy haya abandonado la Moncloa.
En cualquier caso, el consejero de Medio Ambiente afirmó que el proyecto de la carretaera que habría que realizar está en el Ministerio de Fomento. De igual modo, se ha remitido a Interior el informe sobre la plataforma para la construcción del centro de distribución que está previsto construir en este paso fronterizo.
Eso sí, Quevedo apuntó que para acelerar el proceso la Ciudad había prouesto adelantar el dinero para estos proyectos, para reclamarlo más adelante, teniendo en cuenta que contaban con el compromiso del anterior Gobierno.
El consejero de Medio Ambiente dijo además no entender que precisamente los cepemistas, que no paran de criticar la gestión que se está haciendo en la frontera, lleven esta pregunta al pleno. “Hacemos cosas, damos soluciones reales y ahora parece que tampoco las quieren, no lo entiendo”, apuntó.
PSOE y C’s preguntan por el control de los almacenes ilegales
El control que hace la Ciudad de los almacenes ilegales fue otro de los asuntos que llegó ayer al pleno de control. Tanto el diputado del PSOE Francisco Vizcaíno como el de Ciudadanos Eduardo de Castro preguntaron al Gobierno local por este asunto. Vizcaíno quería saber si había falta de control porque se necesitan más recursos y De Castro consideró que tal vez hagan falta más inspecciones. A ambos, el consejero de Medio Ambiente, Manuel Ángel Quevedo, les respondió que están trabajando para hallar todos los almacenes irregulares que hay en la ciudad, pero dijo que el problema no es de recursos, sino que se han encontrado con que hay ciudadanos que se saltan la legalidad y no respetan las órdenes de cierre, por lo que van a endurecer las medidas para tratar de evitarlo.