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Fomento espera que la construcción comience para el segundo trimestre del próximo año
La Entidad Pública Empresarial del Suelo (Sepes) ha sacado ya a licitación la construcción de las 21 viviendas de protección oficial (VPO) que se ejecutarán en la calle Cuesta de la Viña número 33 y 35. El objetivo es destinarlas a alquiler social. Así se recoge en la Plataforma de Contratación del Estado, donde se indica que el presupuesto para ello es de 3.477.766 millones de euros. Los pisos contarán con garajes y también habrá trasteros. El plazo de ejecución de los trabajos es de 20 meses.
Las empresas interesadas en este concurso público deberán entregar la documentación con sus ofertas en la sede de esta entidad pública en Madrid. Para ello tienen hasta el 16 de enero.
Los sobres con esta información se abrirán el 6 de febrero a las 13:00 horas según estas bases.
Además, la Plataforma de Contratación del Estado ha publicado otros contratos de servicios relacionados con esta construcción. Es el caso de la licitación de la dirección facultativa. Se trata de un órgano sin el que no se puede iniciar una obra pública y sirve para vigilar el estado de los trabajos.
Para este servicio se ha reservado un presupuesto de 89.284 euros. Los negocios que deseen concursar tienen hasta el 11 de enero para presentar sus ofertas. Esta dirección deberá estar al frente durante los 20 meses que dure la construcción de las 21 viviendas.
Asimismo, el Sepes va a destinar 54.912 euros para el contrato del servicio de control de calidad de esta edificación. Como en el caso anterior, las empresas que estén interesadas en este asunto pueden realizar sus ofertas hasta el 11 del próximo mes.
Por último, esta empresa pública invertirá un presupuesto de 12.750 euros para el servicio de coordinador de seguridad y salud de las obras. El tiempo de entrega de las ofertas finaliza el mismo día que en los dos contratos anteriores, según publica la Plataforma de Contratación del Estado.
En este terreno que se utilizará para la construcción de nuevas viviendas de protección oficial había varios okupas. La Consejería de Fomento tuvo que llevar este asunto a los juzgados para conseguir una orden desalojo. De hecho, ese inmueble se demolerá, aunque esos trabajos están incluidos en el proyecto.
Fomento ya indicó hace unos meses que el objetivo es que las obras puedan comenzar en el segundo trimestre del año.
