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El Gobierno asegura que se comprometió a respetar el derecho de manifestación en Alhucemas
El Gobierno marroquí aseguró ayer que únicamente intervino en las protestas sociales desatadas desde hace siete meses en la región de Alhucemas tras los “desbordamientos” y cuando las protestas “se salieron de su carácter pacífico”.
Los ministros de Interior y de Justicia marroquíes comparecieron ayer por primera vez ante la Cámara de Representantes (baja) del Parlamento para responder a diez preguntas formuladas por casi todos los grupos parlamentarios de mayoría y oposición desde el estallido de las manifestaciones en el Rif.
Ambos ministros insistieron en que las autoridades se comprometieron a respetar el “derecho de manifestación” a lo largo de los pasados siete meses sin haber “dispersado” ninguna protesta, pese a que han contabilizado un total de 843 manifestaciones.
“Las autoridades públicas garantizaron el derecho de expresión y manifestación en siete meses, pero a cambio tienen que imponer el imperio de la ley en caso de infracciones”, aseveró el ministro de Interior, Abdeluafi Laftit.
Laftit explicó que las autoridades realizaron detenciones tras un incidente de perturbación de la libertad de culto el pasado 26 de mayo en una mezquita en Alhucemas.
El ministro se refirió a cuando el líder de las protestas del Rif, Naser Zafzafi, interrumpió el rezo del viernes dentro de la mezquita, lo que motivó una orden de busca y captura en su contra y la detención de él y de decenas de activistas rifeños.
Heridos
Las protestas en Alhucemas se saldaron, según explicó, con 245 policías heridos, 42 furgonetas dañadas y el incendio de una residencia de agentes de seguridad.
Laftit recordó que el Gobierno emprendió recientemente una serie de proyectos de infraestructuras, sociales y culturales en la región de Alhucemas por un valor de 6.500 millones de dirhams (590 millones de euros) y que serán operativos a partir de 2019.
83 personas perseguidas
Por su parte, el ministro de Justicia Mohamed Auyar hizo hincapié sobre el carácter “legítimo” de las demandas sociales de los manifestantes, el tratamiento “flexible” de las autoridades con ellas, pero matizó que el “Estado no va a tolerar la infracción de la ley”.
Auyar apuntó que hay un total de 83 personas perseguidas judicialmente en las protestas del Rif divididos en tres grupos: unos procesados por los disturbios de Imzuren (vecina de Alhucemas) del pasado marzo, otros juzgados por el Tribunal de Primera Instancia de Alhucemas y un tercer grupo en Casablanca.
Las protestas del Rif estallaron el pasado octubre tras la muerte de un vendedor de pescado aplastado dentro de un camión de basura, y en ellas los manifestantes reivindicaron oportunidades de trabajo para los jóvenes, la construcción de una universidad y de un hospital especializado en cáncer.
