Un juguete de la diplomacia hispano-marroquí”. Así han calificado los abogados belgas de Ali Aarras el triste destino en el que está envuelto este melillense de nacionalidad belga y padres de origen marroquí, al que su retorno a Melilla en el año 2005 ha terminado por abocarle a la tragedia.
Digo lo anterior porque Aarras, hijo de una primera mujer belga del melillense Mustafa Yahía, no fue reclamado por Marruecos hasta tres años después de venir a esta ciudad, bajo la acusación de que participó en los atentados de Casablanca de 2003.
Anteriormente, ya había sido investigado por el juez Garzón, quien finalmente le exoneró de toda imputación, por falta de indicios con los que inculparle.
Libre en 2008 de los rigores de la investigación en España, Aarras vuelve poco después a la cárcel, junto a otro melillense, Mohamed El Bay –que en cambio sí goza de la nacionalidad española-, por causa de una orden de búsqueda y captura dictada por Marruecos, bajo la acusación reiterada de participación en los atentados de Casablanca y pertenencia a grupos terroristas islamistas.
España, que lejos de actuar con contundencia frente a un país que no ofrece las mínimas garantías judiciales propias de cualquier nación democrática, no sólo dejó que Aarras y El Bay permanecieran en prisión durante dos años, sino que finalmente extraditó a Ali Aarras, en contra del dictamen del Comité de Derechos Humanos de la ONU y aún a sabiendas de que el juez Garzón no encontró indicios para inculparle en las acusaciones suscritas a la postre por Marruecos.
Pero, además, hizo algo muy grave: El Gobierno Zapatero, mediante acuerdo de su Consejo de Ministros, otorgó a dos melillenses europeos, uno de ellos nacionalizado español, la posibilidad de ser extraditados bajo la condición de ciudadanos marroquíes, con notorio desprecio a la nacionalidad española de El Bay y nulo respeto a la condición de ciudadano europeo de Ali Aarras.
Como he escrito en ocasiones anteriores, el decisivo respaldo del Consejo de Ministros de Zapatero a la posible extradición a Maruecos de melillenses de nacimiento, no sólo animó todos los recelos sobre lo que pudiera pasar al conjunto de una comunidad de españoles que, por sus orígenes rifeños, podría verse descatalogada de su condición de nacionales para convertirse, de facto y a todos los efectos, en súbditos marroquíes. Además, permitió convertir a ciudadanos melillenses españoles en juguetes de la diplomacia hispano-marroquí, como finalmente ha ocurrido con Ali Aarras y, afortunadamente, no con El Bay, gracias al escudo final que para éste último supuso su nacionalidad española.
Hay que tener en cuenta que si el Gobierno Zapatero hubiera extraditado a El Bay, con abierto menosprecio a su condición de español, se habría abierto una brecha peligrosísima para la cohesión social de Melilla.
Aarras, sin DNI que le protegiese, ha sido el ‘chivo expiatorio’ del conjunto de peticiones de extradición que Marruecos realizó a España sobre un total de tres melillenses, todos ellos españoles menos el finalmente extraditado.
Ahora, cinco meses después de su entrega a Marruecos, sabemos que Ali Aarras ha sufrido torturas que le han hecho perder audición y sensibilidad en pies y manos.
La pasada semana, justamente el Jueves Santo, el tribunal de primera instancia de Salé, le denegó la libertad condicional, por lo que seguirá en prisión hasta el inicio de su juicio, previsto para el 2 de junio.
La situación de Aarras, que en su apoyo cuenta con la movilización de numerosas organizaciones de derechos humanos y abogados belgas y melillenses, demuestra claramente que nuestros peores temores no eran infundados, y que la falacia de la Justicia española, esquivando su responsabilidad ante la falta de garantías jurídicas en Marruecos, no es más que parte de ese triste juego diplomático, en el que las personas acaban convertidas en mercancía o moneda de cambio al servicio de los llamados intereses superiores o de Estado.
El caso de Aarras, por crudo que pueda parecerles, es expresivo en mi opinión de la nula firmeza del Gobierno Zapatero frente a los excesos del vecino marroquí. Ya se mostró así, débil y errático, cuando los conflictos fronterizos del verano pasado, y volvió a hacerlo en diciembre cuando el día 14 de ese mismo mes extraditó, casi a hurtadillas, a Ali Aarras, contraviniendo la recomendación del Comité de Derechos Humanos de la ONU.
El caso de Aarras ejemplifica con horror los extremos de la debilidad de un Estado. El suyo no es un caso personal, es un caso que nos afecta a todos, porque todos sabemos que si Alí hubiera tenido otros apellidos de origen no magrebí, su condición de belga nacido en España habría prevalecido y su extradición a Marruecos nunca se hubiese producido.
