Los rechazos en frontera, o ‘devoluciones en caliente’, dependiendo de quién hable de ello, parece un asunto que vuelve de forma periódica al foco de la noticia.
En esta ocasión se debe a que el Consejo de Europa, por medio de una carta remitida por el comisario de Derechos Humanos, Nils Munižnieks, al ministro del Interior español, Jorge Fernández Díaz, ha puesto de manifiesto su “preocupación” por las “expulsiones sumarias” que asegura que se han llevado a cabo recientemente en Melilla y Ceuta.
Se trata de un documento hecho público por el propio organismo continental, que ha esperado a que el Ministerio responda para ofrecer, a la vez, sus preguntas y las respuestas del Gobierno central.
Munižnieks insiste en que las cosas no se están haciendo bien en la gestión de los flujos migratorios mixtos, que son los que aglutinan a inmigrantes y a potenciales refugiados. El comisario apunta que, en base al material gráfico que ha obtenido, no se está prestando asistencia letrada, sanitaria o de intérpretes a posibles solicitantes de asilo.
Fernández Díaz responde al dirigente del Consejo de Europa asegurando que en Melilla hay un paso fronterizo con una oficina de asilo habilitada para que los que lo deseen soliciten dicha protección.
Puede que el tiempo sea el que diga quién tiene la razón, o puede que se encargue el Tribunal Europeo de Derechos Humanos de Estrasburgo. Lo que está claro es que, pese a la puesta en marcha de los rechazos en frontera, que según el ministro se llevan a cabo salvaguardando garantías fundamentales, el debate sobre las expulsiones de refugiados y migrantes en la valla de nuestra ciudad no ha acabado.
De hecho, dependiendo del punto de vista del que se mire, estamos delante de una flagrante vulneración de Derechos Humanos o de uno de los mecanismos más efectivos para reducir la llegada de personas extranjeras a Melilla por vías no habilitadas.
Hay un detalle curioso en la carta del comisario Munižnieks. Asegura que, después de ver en febrero cómo el Parlamento más corto de la historia de la democracia española aprobaba una proposición no de ley para modificar la Ley de Seguridad Ciudadana, dio un paso atrás en sus quejas sobre los ‘rechazos’ o ‘devoluciones’.
Sin embargo, tras volver a observar “expulsiones sumarias”, insiste una vez más en pedir un protocolo para la Guardia Civil que combine gestión de flujos y Derechos Humanos y que diga a los agentes cómo actuar.
