Ayer comenzaron las pruebas diagnósticas de evaluación de los alumnos de Primaria, lo que anteriormente se conocía como ‘la reválida’, y desde CCOO han expresado su pública repulsa a este sistema de control del alumnado.
Consideran esta medida “inútil al no influir en ningún aspecto en el currículo educativo de los examinados”, por lo que critican el gasto contraído por la Administración en una medida que, según ellos, evidencia el “interés único del actual Gobierno en privatizar la enseñanza, clasificando arbitrariamente a centros y estudiantes con un examen totalmente disgregatorio”.
Ricardo Jimeno, secretario general de la Federación de Enseñanza de Comisiones Obreras en Melilla, señaló que su sindicato se alinea en contra de esta propuesta por diversos motivos.
“Primeramente, consideramos que estas pruebas diagnósticas carecen de memoria económica perceptiva, costando como van a costar millones de euros. Esta medida vulnera además el derecho a la intimidad de los alumnos, pues se atenta contra la ley de protección de datos con un cuestionario que, por otra parte, es un sistema de evaluación indirecta y sesgada del cuerpo docente”, expresó Jimeno.
Pruebas obsoletas
Desde Comisiones Obreras, que ya ha presentado un recurso contencioso administrativo a nivel estatal en contra de esta prueba, aseguran que esta evaluación es un “sistema de clasificación del alumnado discriminatorio y obsoleto”, según expresó el responsable de Enseñanza en Melilla.
Quiso dejar claro, además, que la presión a la que se están viendo en estos días padres y alumnos está ciertamente infundada “por el desconocimiento de la utilidad final de esta prueba: ninguna”. Y es que esta reválida no tendrá peso alguno en el currículo educativo de los examinados, razón por la cual quieren tranquilizar a todos los afectados.
“Con esta prueba no se gana nada. Han tenido todo el curso para evaluar los conocimientos de los estudiantes, nada se va a sacar de nuevo con un examen de 50 minutos, donde los alumnos apenas pueden gestionar bien el tiempo, la presión y sus nervios. Es por eso, y ante el nulo valor práctico de la prueba, que transmitimos que si algún niño enferma y no puede acudir a la prueba, que no caiga en dramatismos. No queremos incitar el absentismo, pero hay que dejar claro que en ninguna manera afectaría al futuro académico del examinado en cuestión”, añadió el agente social.
Cabe recordar que esta prueba no se celebrará en 12 de las comunidades autónomas, pues algunas consideran que “atiende más a intereses políticos que educativos”, contempló Jimeno.
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