EL ministro del Interior, Jorge Fernández Díaz, hizo llegar ayer al Consejo de Ministros el informe provisional elaborado en Melilla, que calcula que el terremoto que sacudió la ciudad el lunes pasado ha dejado daños valorados en 11,9 millones de euros.
Con la petición de Melilla en la mano, el Gobierno central consideró que la fórmula que aportaría mayor agilidad a la llegada de las ayudas a los damnificados por el seísmo es la firma de un protocolo entre el presidente en funciones, Mariano Rajoy, y el jefe del Ejecutivo local, Juan José Imbroda.
Para explicar por qué se eligió esta vía y no la del Decreto Ley (fórmula utilizada tras el terremoto de Lorca de 2011) aterrizó ayer por la tarde en la ciudad el ministro de Asuntos Exteriores y Cooperación, José Manuel García-Margallo. Ha venido a visitar las zonas afectadas por el seísmo, entre otros motivos, porque es Hijo Adoptivo de Melilla.
Margallo, acostumbrado a debates difíciles como el que le enfrentó a Oriol Junqueras, presidente de ERC, en la pasada campaña electoral, ayer no admitió preguntas de la prensa. Dijo que porque no le dejan. Y ahí lo dejó.
Hoy, finalmente la prensa tendrá la oportunidad de preguntar cuándo llegará el dinero para Melilla, pero también por otros temas peliagudos que el ministro tiene en la nevera: el veto del Padre Estaban en Marruecos y el punto en el que está la investigación del asesinato de Emin Pisly, los dos jóvenes melillenses tiroteados en 2013 por la Marina Real Marroquí.
Ahora para los melillenses es importante saber si el punto muerto en el que está la investidura de un presidente en España no va a torpedear la llegada de ayudas a los damnificados por el seísmo.
La Ciudad autónoma ha pedido el grueso del dinero (4,4 millones) para reparar los daños provocados por el sismo en viviendas particulares. También los colegios necesitan un pellizco generoso de 3,1 millones para reparar los desperfectos evaluados por la Dirección Provincial de Educación.
El Ejecutivo local ha pedido, además, 2,9 millones para restaurar instalaciones que dependen de la Administración del Estado: Defensa, Cultura, Deporte...
Y finalmente la Ciudad ha calculado que podrá hacer frente a la emergencia social con 1,5 millones de euros, que se emplearán en el pago de alquileres a las familias desplazadas de sus hogares y en la reposición de enseres. Según Margallo, el Gobierno central hará lo que esté en su mano para que el dinero llegue cuanto antes.
