La plataforma de ONGs en España quiere saber si se ha dado un nuevo protocolo a la Guardia Civil, tras la modificación de la Ley de Extranjería, para su labor en las vallas de Melilla y Ceuta.
La plataforma de ONGs de Migreurop en España exigió ayer al Gobierno central un balance de los primeros cinco meses desde la entrada en vigor de la disposición adicional en la Ley de Seguridad Ciudadana que viene a ‘legalizar’ las llamadas ‘devoluciones en caliente’ bajo la figura de ‘rechazos en frontera’. La plataforma está integrada en España por las ONGs APDHA, Andalucía Acoge, SOS Racismo, CEAR y Elin. En un comunicado que publicó ayer la Comisión Española de Ayuda al Refugiado (CEAR), Migreurop ha canalizado su petición a través de la senadora Maribel Mora (Podemos) en una pregunta parlamentaria en la que se incluyen varios puntos. Uno de ellos es el que pregunta al Ejecutivo de Rajoy si desde la modificación de la Ley de Extranjería en el texto de la Ley de Seguridad Ciudadana se ha facilitado a la Guardia Civil de Melilla y Ceuta nuevos protocolos y qué instrucciones concretas se han cursado “para el correcto respeto de la normativa internacional de Derechos Humanos”.
Migreurop España también pregunta al Gobierno español qué medidas específicas se están llevando a cabo en las vallas de ambas ciudades autónomas “para la detección y protección de colectivos especialmente vulnerables, como menores de edad no acompañados, víctimas de trata y potenciales solicitantes de asilo”.
“Apagón informativo”
La plataforma, según explica en el comunicado recogido en la página web de CEAR, ha canalizado todas estas preguntas a raíz del “apagón informativo” sobre la problemática migratoria en las fronteras Melilla y Ceuta a causa del “contexto de la llamada ‘crisis de los refugiados’ que está poniendo en cuestión el sistema europeo de fronteras y asilo” y que en los últimos meses ha desplazado “el foco de atención (mediática) hacia los terribles hechos que están aconteciendo en las fronteras del Mediterráneo central y del Este de la UE”.
Balance estadístico
Por tanto y ante “el intento de dar un barniz de legalidad” a las vulneraciones que para Migreurop supone la legalización de las llamadas ‘devoluciones en caliente’, la plataforma de ONGs pide al Gobierno central un “balance estadístico de la aplicación material de la disposición adicional desde su entrada en vigor hasta el día de hoy (por ayer)”. En ese balance, Migreurop quiere conocer concretamente el “número de actuaciones que se han llevado a cabo en ambos perímetros fronterizos al amparo del nuevo precepto, fechas en las que tuvieron lugar, número de personas afectadas y los datos referentes a las mismas que han podido recabarse (nacionalidad, edad, sexo...)”.
La plataforma española de ONGs dice en su comunicado confiar en una pronta respuesta del Ejecutivo de Mariano Rajoy, mientras que los colectivos de Migreurop España sigue trabajando “por el respeto de los derechos fundamentales en las fronteras españolas y europeas a través de las distintas líneas de trabajo que mantienen abiertas en el ámbito social, político y judicial”.
Las oficinas de Asilo en Melilla y Ceuta
En la pregunta parlamentaria impulsada por Migreurop España también pregunta al Gobierno español si ha realizado las gestiones pertinentes con los organismos de la UE para solucionar la problemática suscitada desde la apertura de las Oficinas de Asilo en Melilla y Ceuta a las que los inmigrantes de origen subsahariano no pueden acceder. En el comunicado publicado en la página web de CEAR recuerda la respuesta que hace unos meses dio el Ejecutivo de Rajoy ante esta cuestión y en la que afirmó que “España no puede imponer a Marruecos criterio alguno que determine cómo debe realizar los controles de entrada o salida de su territorio la materia de inmigración y asilo trasciende la soberanía española, debiendo ser la UE la que emprenda con los terceros Estados, las acciones relativas a estas cuestiones”. Migreurop pregunta por este aspecto dado que “ninguna persona de origen subsahariano ha formalizado solicitud de asilo en las oficinas habilitadas” en las ciudades de Melilla y Ceuta.
