Dos guardias civiles denunciaron en la Comandancia que dos compañeros podrían estar implicados en asuntos delictivos originándose así la investigación que se llamó la ‘Operación Florentina’.
Los pasados días 11 y 12 de marzo se produjeron en diversas dependencias del puerto de Melilla y la Estación Marítima siete detenciones de personas que estarían implicadas en una red de tráfico de drogas y personas. A esta investigación llevada a cabo por la Guardia Civil se le llamó ‘Operación Florentina’ y en ella están implicados dos policías portuarios, dos guardias civiles, trabajadores de los buques que unen Melilla con la península y trabajadores en el puerto. Hace unos días, el Juzgado de Primera Instancia e Instrucción número 5 levantó el secreto de sumario. Entre sus siete tomos y 1.700 páginas, está recogida una conversación escuchada por un guardia civil en uno de los aseos de la Estación Marítima y la denuncia de otro agente al que la red intentó ‘captar’. Ambos hechos dieron lugar a la ‘Operación Florentina’.
Más tarde, los investigadores descubrieron que uno de los agentes supuestamente implicado, también podía estar relacionado con abusos de menores.
Los dos guardias civiles, cuyos testimonios dieron lugar a las pesquisas, denunciaron en junio del año pasado que, al menos dos compañeros suyos, también destinados en el Puerto, podrían estar llevando a cabo actividades ilegales relacionadas con el tráfico de drogas y de personas. Uno de los denunciantes, que fue ‘tentado’ para incorporarse a la organización, aseguró que el posteriormente detenido, F.M.P., le ofreció “ganarse” 5.000 euros. Rechazó la oferta y puso los hechos en conocimiento de sus superiores.
Al día siguiente de esta denuncia se produjo otra por parte de otro guardia civil, también destinado en el Puerto. Éste dijo que estando en el interior de uno de los aseos de la Estación Marítima escuchó que el mismo agente sospechoso, F.M.P., y otro al que le apodan ‘El Chino’ le estaban ofreciendo a un tercero “ganarse” 5.000 euros.
Las sospechas de ambos agentes denunciantes tenían una base real. Un mes antes, en uno de los camarotes del buque ‘Volcán de Tinamar’, que enlaza Melilla con la localidad granadina de Motril, había sido hallado un inmigrante de nacionalidad marroquí que viajaba como polizón. Para lograr llegar hasta el camarote, los investigadores sospechaban que el marroquí había tenido que ser necesariamente ayudado por al menos tres personas para burlar la seguridad del recinto portuario y los controles hasta embarcar sin ser interceptado en el buque.
Tras poner en conocimiento de la autoridad judicial estas denuncias, los investigadores del Equipo de Delincuencia Organizada y Antidroga (Edoa) solicitaron la intervención, en principio, de los teléfonos de los guardias civiles denunciados. En el informe que redactaron al juez, realizaron esta petición para no levantar las sospechas de los investigados, dado que éstos son guardias civiles son conocedores de las formas de investigación del Cuerpo, por lo que, por ejemplo, un seguimiento podría desbaratar la investigación.
Un café, una petaca...
De la intervención de los teléfonos móviles, los investigadores constataron que los dos agentes destinados en el puerto cambiaban frecuentemente de número, una práctica habitual en las organizaciones dedicadas al narcotráfico, por lo que fueron necesarias numerosas solicitudes de intervenciones telefónicas de números diferentes que luego resultaron pertenecer a las mismas personas investigadas.
En relación al segundo guardia civil investigado, apodado ‘El Chino’, de las intervenciones telefónicas, los investigadores deducen que se dedicaba a comprar y vender sustancias estupefacientes. Para adquirir la droga, llamaba por teléfono a sus contactos y hablaba con ellos en clave. Cuando se iba a producir un traspaso de mercancía, decían frases como “mañana por la mañana jugamos”. Para determinar la cantidad de droga, las medidas se precisaban en invitaciones, como “vamos a tomar un café” o “tráete una petaquilla de wishky o dos”.
Sortear un imprevisto
La ‘Operación Florentina’ comenzó a mediados de junio del año pasado. Las primeras pesquisas se centraron en la intervención telefónica de dos guardias civiles destinados en el puerto que habían sido denunciados por compañeros suyos. Durante los meses siguientes, los investigadores interceptaron varios envíos de droga y a tres inmigrantes que habían sido introducidos en las instalaciones del puerto con objeto de embarcarse en los barcos que unen Melilla con la península fruto, supuestamente, de la actividad de la red destapada en la ‘Operación Florentina’.
Sin embargo, a principios de octubre uno de los guardias civiles investigados y supuestamente miembro de esta red fue detenido. Ante este imprevisto, el resto de integrantes de la red debía ‘captar’ a otros guardias civiles destinados en el puerto para poder seguir realizando su actividad. A finales de octubre, miembros de la red intentaron captar a un guardia civil al que ofrecen grandes beneficios: “Tú solamente tienes que mirar para otro lado”, le aseguraron, según recoge el sumario. El agente de la Benemérita se negó.
Los investigadores consideran fundamental la participación en la red de guardias civiles y policías portuarios para facilitar el acceso a las instalaciones del puerto, de ahí que uno de los delitos que el juez imputa a los detenidos sea el delito de cohecho, además de tráfico de drogas, pertenencia a organización criminal y contra los derechos de los ciudadanos extranjeros. En la fase final de la operación, los investigadores identifican a trece personas implicadas “directamente” en los hechos delictivos investigados, entre los que se encuentran dos guardias civiles, dos policías portuarios y dos empresarios.
