Afirman que “incluso no habiendo prevaricado, el auto deja claro que ha vulnerado el ordenamiento jurídico".
Las ONGs personadas en la investigación sobre las ‘devoluciones en caliente’ por la que fue imputado el coronel jefe de la Guardia Civil en Melilla, Ambrosio Martín Villaseñor, pidieron ayer el cese del mando del instituto armado en una nota de prensa. Consideran que Martín Villaseñor debe ser apartado de sus funciones porque “incluso no habiendo prevaricado, el auto deja claro que ha vulnerado el ordenamiento jurídico”.
Andalucía Acoge, una de las entidades personadas como acusación particular junto con Prodein, SOS Racismo y APDHA, indica que respetan, pero no comparten el auto de la Audiencia Provincial de Málaga con sede en Melilla, que archivó el pasado miércoles la imputación del coronel jefe por las órdenes a los agentes ante los intentos de entrada de inmigrantes por la valla fronteriza.
Además, incidieron en que el auto contiene “una serie de aspectos que podrían quedar eclipsados” por la anulación de la imputación del coronel Martín Villaseñor por un presunto delito de prevaricación administrativa.
Uno de ellos, según la nota, es que la Audiencia “ha reconocido que las órdenes dictadas por el coronel a sus subordinados han supuesto una vulneración del ordenamiento jurídico español, ya que no se han seguido los procedimientos legales establecidos, se ha prescindido de garantías como la asistencia de abogado e intérprete, y se ha impedido el derecho de asilo”.
También subrayaron que el auto “considera inaceptable el concepto de frontera que se viene aplicando desde el 2005, y por lo tanto reconoce la zona de entrevallas como parte del territorio nacional”.
Responsabilidad de Interior
Según el comunicado, las oenegés sacan como conclusión que el coronel debe ser apartado de sus funciones en la valla “incluso no habiendo prevaricado”, ya que el auto “deja claro que ha vulnerado el ordenamiento jurídico y no ha respetado los derechos” que reconoce la Ley de Extranjería.
En su nota, las entidades querellantes muestran su preocupación por el hecho de que este archivo de la Audiencia Provincial sólo afecte al coronel “exclusivamente respecto al delito de prevaricación administrativa”, ya que el procedimiento penal principal sigue abierto para los ocho guardias civiles que también estaban imputados.
“El hecho de que el procedimiento siga abierto hace que nos preocupe que sean los subordinados los que terminen pagando los platos rotos por una mala gestión por parte del Gobierno español en el perímetro fronterizo”, afirmó el coordinador del equipo jurídico de Andalucía Acoge. Por todo ello, las oenegés afirmaron que “es el momento de exigir responsabilidades políticas al Ministerio del Interior”.
