En total, el Ejecutivo destinará 32 millones a familias españolas en riesgo de exclusión social y con miembros dependientes.
El Gobierno repartió ayer el fondo de ayuda a las familias, que duplica hasta los 32 millones, uno de los cuales estará destinado a Melilla, y garantizó la financiación para incorporar a los dependientes moderados al sistema, con lo que se concluye la implantación de la Ley.
En la reunión del Consejo Territorial de Servicios Sociales y Dependencia, Gobierno y comunidades autónomas aprobaron el reparto de ese fondo destinado a familias en riesgo de exclusión y con hijos menores a su cargo, modificando algunos de los criterios, atendiendo a las sugerencias de algunas regiones, para incluir el dato de la población y el índice de pobreza.
Respecto a la dependencia, el ministro de Sanidad, Servicios Sociales e Igualdad, Alfonso Alonso, recordó que se hará una evaluación de la ley, cuando acabe su implantación en el mes de julio, y reiteró que se habilitará el presupuesto necesario para incorporar a los 300.000 dependientes moderados.
“Es el tiempo de hacer un estudio en profundidad, ver las necesidades y hacer algo que sea útil; ver cómo podemos renovar ese pacto que se fijó a favor un sistema de dependencia en España y buscar un diagnóstico compartido para que pueda llevarnos a una propuesta de futuro”, dijo Alonso, en una comparecencia tras la reunión.
Acreditación de trabajadores
Respecto a la acreditación de los profesionales que trabajan en la atención de la dependencia y que debía concluir en 2015, el ministro afirmó que se ha creado un grupo de trabajo y que si es necesario “se acordará para no causar ningún perjuicio a los trabajadores”.
“Esta situación en ningún caso va a afectar a quienes están trabajando ahora, ni a las entidades que están prestando ese servicio”, añadió.
Financiación
Algunas comunidades como Andalucía y Cataluña plantearon la necesidad de revisar la financiación de la dependencia para que se respete lo que establece la ley de que el Estado aporte el 50% y el otro 50% cada región.
“Habrá que hablar de cómo funciona la financiación, no sólo la del Estado, sino también la de las comunidades autónomas y la de los usuarios del sistema”, aseguró el ministro, quien destacó la importancia de buscar acuerdos para renovar un pacto en el ámbito sociosanitario.
