El Tribunal le tomará declaración por la comisión de una posible prevaricación en el marco del conocido como ‘Caso Abogados’ l Tras su comparecencia, el magistrado decidirá si hay indicios de delito.
El Tribunal Supremo citó ayer en calidad de imputado para el próximo día 11 a las 11:00 horas al presidente del Gobierno de Melilla, Juan José Imbroda, para tomarle declaración en relación con un supuesto delito de prevaricación en la contratación irregular de un abogado por parte de la Ciudad Autónoma, el conocido como ‘Caso Abogados’
Hay que recordar que Imbroda se ha prestado a que se le tome declaración voluntaria en esta indagación preliminar, la cual deberá servir para que el instructor de la causa, el magistrado Francisco Monterde, decida si existen indicios de delito y de su posible implicación.
Si así se confirmara, y dado que Imbroda es senador y por tanto aforado ante el Supremo, el juez pediría el suplicatorio al Parlamento para actuar contra él.
El juez de Melilla titular del juzgado número 2 envió al Supremo una exposición razonada ante la aparición de indicios que, a su criterio, implican a Imbroda en la contratación supuestamente irregular de un abogado por parte de la Ciudad Autónoma.
Ante este escrito el Supremo consultó al fiscal, quien informó el pasado mes de octubre a favor de que el alto tribunal abriera causa, porque considera que “hay indicios suficientes” de la posible comisión de un delito de prevaricación “sin descartar obviamente la existencia de otras infracciones penales” y porque cree que se debe esclarecer la conducta del presidente Juan José Imbroda.
Con el fin de instruir esta causa preliminar, el Supremo ha nombrado al ya citado magistrado Francisco Monterde. El resto de la indagación, la parte que no afecta a personas aforadas, seguirá en el juzgado de Melilla en donde se originó el caso.
Inicio en 2001
La exposición razonada del juez Emilio Lamo de Espinosa fue enviada en agosto al Supremo a partir de una investigación que apuntaba la posibilidad de que el presidente de Melilla hubiera designado a un abogado al margen de los servicios jurídicos públicos y sin seguir los trámites exigidos por la ley para ello.
El caso se inició a partir de una denuncia de una asociación de letrados en el año 2001, cuando la Ciudad Autónoma contrató al abogado en cuestión para que colaborara en la defensa de los intereses de la institución ante 150 denuncias que fueron presentadas por el despido de unas cooperativas cuya contratación pudo ser ilegal.
El artículo 404 del Código Penal castiga la prevaricación que comete “la autoridad o funcionario público que, a sabiendas de su injusticia, dictare una resolución arbitraria en un asunto administrativo” y la castiga con pena de inhabilitación especial para empleo o cargo público por tiempo de siete a diez años.
La versión del presidente
Imbroda siempre ha defendido que obró en este caso sin que existiera dolo ni mala fe alguna por su parte, pues siempre se guió por los informes de los técnicos de la Ciudad Autónoma, según afirmó el propio presidente autonómico el pasado 13 de febrero, cuando se conoció la decisión del Supremo de investigarle por la contratación de este abogado.
En aquel entonces, el jefe del Ejecutivo defendió a capa y espada que no se trataba de un caso de corrupción, sino de un posible fallo administrativo.
En la misma línea, recalcó que él no es el ordenador de pagos de la Ciudad Autónoma, habida cuenta de que “es imposible que fuera directamente a caja para efectuar pago sin la aprobación de los técnicos de la administración local”.
El presidente del Gobierno de Melilla compareció ayer por la tarde en la sede regional del PP ante los medios de comunicación para pronunciarse sobre la decisión del Supremo de citarle a declarar la próxima semana.
En declaraciones a la prensa, insistió en que no se trata de un caso de corrupción y se mostró “con la conciencia muy tranquila”, tal y como ha afirmado en todas las ocasiones en las que se ha pronunciado públicamente sobre el ‘Caso Abogados’
