El conocido como ‘crimen de La Alcazaba’ es un caso policialmente cerrado. Los hechos tuvieron lugar el pasado martes y cuatro días después los investigadores de la Jefatura Superior han dado por concluido su trabajo.
Aún falta recibir los resultados de los análisis de sangre y de otros tejidos enviados a los laboratorios forenses de Madrid y de Sevilla. Sin embargo, la decisión adoptada ayer por el titular del Juzgado de Instrucción número 3 señala claramente en cual de los dos detenidos confluye la mayoría de las sospechas. La puesta en libertad provisional del primer detenido, Oukach Benissou, de nacionalidad marroquí y sin residencia en nuestra ciudad, prácticamente es una exculpación. Sin embargo, las fuentes policiales de El Faro subrayan el hecho de que el juez haya decidido mantener en su auto la imputación de este primer sospechoso.
Por otro lado, las pruebas contra Salah El Kajjoui Mohand, el marido de la joven muerta, son únicamente testificales. Es decir, la mayoría de sospechas que recaen sobre el segundo detenido se origina, principalmente, a partir de las declaraciones de diversos testigos. Este hecho, el que las pruebas sean de carácter testifical, no les resta valor y pueden tener el mismo peso en un juicio que las aportadas por los peritos, subrayan las fuentes policiales de El Faro. En cualquier caso, deberá ser un jurado popular quien se pronuncie sobre su validez si finalmente Salah El Kajjoui Mohand es procesado y se sienta en el banquillo de los acusados.
Mientras llega ese momento, lo cierto es que hoy, cinco días después del suceso, es mínima la inquietud social en Melilla tras el crimen sufrido por Hannan Outmane y Mohamed Ohadik. La brutalidad de ambas muertes hace ineludible un castigo para su autor, un papel que corresponde desempeñar a nuestro sistema judicial. La Policía, por su parte, ha cumplido con su trabajo presentando ante el juez a dos individuos sobre los que confluyen en mayor o menor medida una serie de indicios y pruebas. El trabajo que correspondía realizar a los agentes a contrarreloj antes de que ambos sospechosos fueran puestos a disposición judicial se puede considerar finalizado. La labor llevada a cabo por los investigadores ha tenido como primer resultado devolver la tranquilidad a nuestras calles. La situación de hoy tras ambos arrestos no sería comparable a la que estaríamos viviendo si cinco días después de esos sangrientos hechos los agentes no hubieran sido capaces de poner a disposición judicial a un sospechoso con los suficientes indicios y pruebas como para que el juez ordene su ingreso en prisión. La sensación de inseguridad que se apoderó de nuestras calles el pasado martes ha desaparecido cinco días después.
Ahora sólo falta que el trabajo realizado por los investigadores de la Policía Nacional también sirva para que las familias y amigos de las dos víctimas mortales recuperen algo de paz interior. Para ello será necesario que el banquillo de los acusados esté ocupado por un procesado sobre el que pesen las pruebas necesarias para que un jurado popular las considere suficientes para destruir su presunción de inocencia y demostrar su culpabilidad.
