Es el juez de guardia, tras recibir un expediente, el que dicta un auto sobre la expulsión o devolución.
Los cursos de verano de la UGR analizaron ayer el papel de los juzgados en la inmigración irregular. El juez decano de Melilla, Emilio Lamo de Espinosa, y la secretaria del juzgado de lo Contencioso-Administrativo número dos de Melilla, Olga Díaz, explicaron las relaciones que existen entre estas dos instituciones a la hora de abordar los casos en los que se priva de libertad a los extranjeros.
Díaz destacó las particularidades que hay en Melilla respecto a otras autonomías en relación con la inmigración irregular, como el elevado número de casos que se resuelven por el simple hecho de que hay una fuerte presión migratoria en la ciudad.
La secretaria del juzgado de lo Contencioso-Administrativo explicó que el trabajo de esta institución es revisar por qué la Administración dice que el inmigrante debe irse de la ciudad.
En el caso de los juzgados de guardia, Lamo de Espinosa destacó que no se dedican a investigar, como en otros juzgados, sino que se limitan a examinar la documentación y la declaración del inmigrante para dictar un auto en el que se resuelva su expulsión, devolución o retorno a su país de origen.
Reto de la inmigración
Además de la visión de los juzgados de Melilla sobre los inmigrantes privados de libertad, se contó con la conferencia del presidente de la subcomisión de Extranjería del Consejo General de la Abogacía de España, Pascual Aguelo, que abordó en su charla la situación administrativa en la que se encuentran los inmigrantes.
Aguelo señaló que en España hay cinco millones de extranjeros y la mitad de ellos proceden de otros países de la que, por lo tanto, no se les considera “extranjeros en sentido estricto”. También resaltó que la mayoría, un 72,5% son residentes de larga duración, por lo tanto, aseveró que el reto más importante para la ciudadanía española no es tanto la presión migratoria como la integración de estas personas en la sociedad.
El representante del Consejo General de la Abogacía de España también analizó en su conferencia la actual normativa europea y cómo ésta influye en el cambio de la legislación del resto de países, entre ellos España, que ha tenido que adoptar reformas para equipararse a las exigencias de la UE.
Cambio en los CIES
Otra de las conferencias del curso de verano ‘Extranjeros privados de libertad’ fue la impartida por el catedrático de Derecho Administrativo de la Universidad de Córdoba, Mariano López, que destacó la nueva normativa que mejora las condiciones de los centros de internamiento de extranjeros (CIE). Aseguró que la nueva figura del juez de control externo de estos centros ayudará a garantizar aún más los derechos de los inmigrantes. Ellos podrán presentar sus reclamaciones o quejas a este juez que velará por el cumplimento de la legislación.
López explicó que los CIEs sirven para “mantener el orden público” y aseguró que hay que debatir sobre el papel real de los centros. Este experto resaltó que la libertad del inmigrante depende en los CIEs de lo que marque el juez, así como de las normas de la institución. No obstante, indicó que el CETI de Melilla es diferente a los CIEs al ser un centro de internamiento voluntario.
El juez decano de Melilla, Emilio Lamo de Espinosa, aseguró ayer que lo único que hay que hacer cuando un inmigrante llega a la valla es aplicar la Ley de Extranjería. Rehusó dar su opinión sobre ‘las devoluciones en caliente’ ya que aseveró que al ser juez de Instrucción puede caer en su juzgado algún caso de este tipo. “No puedo dar mi opinión de la que pudiera ser competente de instruir”, resaltó. En cuanto a la petición de varios expertos de que la Fiscalía actúe de oficio en estos casos de devoluciones a pie de valla, Lamo de Espinosa señaló que es la Fiscalía la que tiene que decidir sobre su actuación.
