La Policía Nacional se encargará de realizar los test si hay dudas sobre el vínculo familiar entre el menor extranjero y el adulto l Garbín destaca que este documento mejorará la coordinación en la atención de menas.
La Consejería de Bienestar Social y Sanidad ya no se encargará de realizar las pruebas de ADN a menores y adultos extranjeros que les acompañan para determinar si entre ellos hay algún vínculo familiar. El nuevo protocolo de menores extranjeros no acompañado (menas) aprobado el martes, especifica que será la Policía Nacional quien realice este test. Éste uno de los cambios que recoge el documento firmado por el Ministerio del Interior y las autonomías para mejorar la coordinación entre los agentes que intervienen a la hora de atender a los menas.
La consejera de Bienestar Social y Sanidad, María Antonia Garbín, aseguró ayer a El Faro que este nuevo protocolo define aún más las acciones que debe desarrollar la Policía, la Fiscalía o las autonomías cuando se encuentran ante un menor extranjero que no está acompañado de un adulto y también para saber cómo actuar ante otro tipo de circunstancias que se pueden dar con este tipo de menores, como que los adultos que le acompañan no tengan una documentación fiable sobre su vinculación familiar. Garbín explicó que el documento no se había actualizado desde el año 2005 y por lo tanto, era necesario incluir nuevas situaciones a las que se enfrentan los agentes implicados en la detección y asistencia a un menor de estas características.
El protocolo indica que si hay dudas sobre la relación paterno o materno filial por la falta de documentación o porque se aprecie “una situación de riesgo inminente para el menor”, la administración de acogida acordará la separación de adulto del menor. En el caso de Melilla, será la Consejería de Bienestar Social y Sanidad la que tomará esta decisión, además de hacerse cargo de la acogida provisional del menor hasta que se le practiquen las pruebas oportunas o se aclare la relación familiar que mantiene con el adulto.
Éstas son las circunstancia que han vivido decenas de familias sirias que ante la duda de la Administración, han sido separadas de sus hijos hasta que se ha comprobado que realmente son sus parientes directos. Aunque en el protocolo del Ministerio del Interior se especifica que será la Ciudad la que decida si separa a los menores de los adultos en este tipo de casos, siempre deberá comunicarlo al Ministerio Fiscal. No obstante, en Melilla la Fiscalía y la Ciudad han acordado no separar a los menores de quienes dicen sus padres si tardan los resultados de los test de ADN.
Pero, ¿qué ocurre si el adulto se niega a practicarse una prueba de ADN? Según este documento, el Ministerio Fiscal se encargará de que la administración de acogida se haga cargo de la “tutela urgente del menor”.
¿Es menor?
Otro de los temas que preocupan en Melilla es qué hacer con los extranjeros de los que no se tiene la seguridad de que sean menores. En este nuevo protocolo se establece que es el Ministerio Fiscal el encargado de ordenar la práctica de pruebas médicas para determinar la edad de esta persona. También si debe estar acogido en un centro de menores mientras se espera el resultado final de este proceso. Será la Policía la encargada de llevar al extranjero hasta el hospital para someterse a estas pruebas, indica el nuevo protocolo de actuación con menas.
Pero en este tipo de situaciones se puede dar el caso de que la persona no desee realizarse la prueba con la que comprobar si tiene más o menos de 18 años. Entonces será el fiscal el que determine, según el expediente de esta persona y su propia declaración, si le declara como menor o adulto. No obstante, el protocolo establece una circunstancia que debe tener en cuenta el fiscal a hora de tomar esta decisión: Si el inmigrante es víctima de trata de seres humanos, prevalece la presunción de que es menor.
En cuanto a las pruebas a las que debe someterse el extranjero para comprobar que tiene menos de 18 años, serán los médicos los que determinen esta práctica, según el protocolo de actuación con menas. El documento establece que podrá ser cualquiera que “determine el grado de maduración ósea o dental”. Este informe médico debe estar en el plazo más breve posible, añade el protocolo.
Los objetivos del protocolo
El protocolo de actuación sobre menas aborda desde la localización del menor hasta su identificación, determinación de su edad, los servicios de protección y la coordinación entre las diferentes instituciones que están implicadas en su atención. A través de este documento se establecen cómo deben de intervenir desde el Ministerio Fiscal a las comunidades autónomas o las instituciones sanitarias. Además, sirve para “armonizar”, según detalla el protocolo, los procesos para determinar la edad de los menas.
La tutela del menor no finaliza si huye del centro
Otro de los aspectos que se recogen en el protocolo de actuación sobre menas es la tutela. Las Fuerzas y Cuerpos de Seguridad del Estado que localicen a un menor deberán entregarle a la entidad pública que se haga cargo de su protección, en el caso de Melilla, la Consejería de Bienestar Social y Sanidad. También se avisará al Ministerio Fiscal para que conozca este caso.
En el documento se aclara que es la entidad de acogida la que debe investigar la situación de desamparo del menor y si hay posibilidad de que regrese a su país de origen con su familia. Asimismo, tiene tres meses como máximo para asumir la tutela una vez que se compruebe que el menor está solo, según indica este protocolo.
Uno de los aspectos de más controversia es el tiempo que debe durar la tutela de un menor cuando éste abandona y desaparece del centro de acogida. En el protocolo de actuación con menas no se indica el tiempo máximo que la Administración es responsable de estos menas, tan sólo se hace referencia a que “la fuga o abandono del menor del centro de protección no será causa de extinción de la tutela, que deberá seguir ejerciéndose para la localización del menor o para el caso de que apareciese”. Fue en mayo cuando la consejera de Bienestar Social y Sanidad, María Antonia Garbín, aseguró que la Ciudad aceptaría seguir durante seis meses la tutela de menas ausentes del centro de acogida. Será en la reforma de la Ley del Menor donde se incluya a este punto. De esta forma, por primera vez se limitaría la tutela de un mena, ya que las administraciones se deben hacer cargo de estos menores hasta que cumplen los 18 años, como también aseguró Garbín hace unas semanas.
