La Comisión Española de Ayuda al Refugiado (CEAR) expresó ayer su preocupación por la “visión sesgada” que el Gobierno ofrece sobre el fenómeno de la inmigración española, que no tiene en cuenta los derechos humanos, y por el cariz que podría tener el Pacto por la Inmigración anunciado.
La secretaria general CEAR, Estrella Galán, indicó que, tras los sucesos de Ceuta, en los que perdieron la vida 15 inmigrantes, el Gobierno pone énfasis en el control y blindaje de las fronteras, pero no tiene en cuenta los derechos humanos ni las situaciones de las que huyen muchas de las personas, que les hacen merecedoras de asilo.
La CEAR continúa con su campaña de recogida de firmas (el objetivo son 100.000) para obligar al Gobierno central a retirar la concertina de las fronteras de Melilla y Ceuta. ‘Esto hay que cortarlo’ es el lema y reivindica también la aplicación estricta de la legislación nacional e internacional en el control de fronteras.
Galán consideró que las autoridades trasmiten “un mensaje de alarma que no corresponde a la realidad”, ya que España sólo registra el 9% de las entradas de inmigrantes irregulares en Europa, mientras que el resto llega a través de Italia u otros países. A su juicio, “el alarmismo” del Gobierno pretende crear un caldo de cultivo que justifique su política que obvia los derechos humanos y pone en marcha “medidas antidisturbios desproporcionadas”. CEAR considera que el 50% de los inmigrantes irregulares que llega a España es potencial solicitante de asilo, pues proviene de Siria o Mali, países donde se viven situaciones de conflicto armado.
