La operación Santiago-Rusadir, desarrollada este martes por funcionarios de la Policía Nacional, ha vuelto a sacar a la luz la presunta trama organizada para comprar votos y utilizarlos para beneficiar a CpM en las elecciones municipales y autonómicas de mayo de 2023. Por aquel entonces se supo que existía una investigación judicial declarada secreta.
La noticia de hizo pública a raíz de la redada que se llevó a cabo en los días previos a los comicios, que se saldó con la detención, entre otros, del entonces todavía consejero de Distritos, Mohamed Ahmed Al-lal. Entre los registros practicados figura el de la sede del partido de Aberchán situada en la carretera de Farhana. Se trataba del local de un particular que había sido cedida a los cepemistas para que se utilizara como centro de comunicación del partido.
El escándalo que se organizó tanto en Melilla como a nivel nacional fue enorme. Los principales medios del país ya tenían el foco puesto en la ciudad por el robo que se cometió a unos carteros que llevaban documentación del voto por correo a determinados barrios periféricos.
Todo saltó por los aires cuando se supo que Melilla tenía más de 11.000 solicitudes de voto por correo, una situación que alertó a otros partidos políticos. Estos, como el PP y Vox, acudieron a la Junta Electoral de Zona para pedir medidas relacionadas con la identificación del votante a través de la citada empresa pública.
La Junta Electoral de Zona, presidida por el magistrado Miguel Ángel García, efectivamente tomó la decisión de exigir el DNI al votante por correo, una resolución que no contó con el apoyo de CpM y que 24 horas después era refrendada por la Junta Electoral Central a petición de la Secretaría de Estado de Seguridad.
Al mismo tiempo que se producían las detenciones y los registros (hasta once) por distintos puntos de la ciudad, la Fiscalía Anticorrupción anunciaba públicamente que había decidido asumir la investigación de este caso, tal y como hizo constar en un decreto el fiscal general del Estado, Álvaro García Ortíz.
En ese sentido cabe destacar que la Fiscalía Anticorrupción hizo referencia a la existencia de un atestado de la Policía Nacional que puso en conocimiento del Juzgado de Primera Instancia e Instrucción número 2 de Melilla “la existencia de sólidos indicios de la compra de votos con vistas a las elecciones”, una “operación delictiva” que dio comienzo el 4 de abril con la convocatoria de los comicios.
En concreto, las investigaciones de la Policía hace nueve meses empezaban a poner de manifiesto “la existencia de una operación a gran escala de compra de votos, mediante la que se abonaban entre 100 y 150 euros a un importante número de ciudadanos, alterando la mecánica legalmente establecida del voto por correo”.
Según las averiguaciones practicadas, dicha operación habría sido llevada a cabo “por varios individuos afines o relacionados con Coalición por Melilla” (CPM), al que pertenecen algunos de los 10 detenidos en la operación policial en la ciudad, entre ellos, el entonces consejero de Distritos y candidato número 3, Mohamed Ahmed.
El decreto de la Fiscalía General del Estado señalaba que esos “individuos afines o relacionados” con CPM “conformarían una estructura organizada, con planificación previa y concertada”.
“La compra de votos se estaría financiando, además, con parte de los fondos obtenidos por empresas y particulares relacionadas” con CPM “en licitaciones públicas, convenios, contratos y subvenciones que se habrían adjudicado durante la última legislatura en la Ciudad Autónoma”, agregó la Fiscalía General del Estado.
Los hechos podrían ser constitutivos de falsedad documental, prevaricación, malversación y cohecho, además de delitos electorales de los arts. 141 y 146.1 a) de la L.O. 5/1985, de 19 de junio, del Régimen Electoral General, “sin perjuicio de ulterior calificación”, de acuerdo con el atestado policial.
La Fiscalía General del Estado consideró, asimismo, que se trataba de “un supuesto de especial trascendencia” incardinable en el artículo 19.4 del Estatuto Orgánico del Ministerio Fiscal (EOMF), lo que permite que la Fiscalía Anticorrupción asumiera el caso.
Así, justifica que los hechos suponen “una manifestación de delincuencia o criminalidad organizada” y tienen gravedad y trascendencia “desde el punto de vista social y político” por “la pretensión de alterar la libre manifestación de la voluntad popular”, además de “la complejidad de las investigaciones” que se deben desarrollar.
Eran momentos convulsos que se apaciguaron después de las elecciones y el triunfo por mayoría absoluta del PP. Desde hacía 9 meses, la investigación judicial secreta había seguido su curso y, en consecuencia, la operación Santiago-Rusadir era algo largamente esperado en esta ciudad.
Fuentes de El Faro han asegurado, además, que la detención de los exconsejeros cepemistas del Gobierno que presidió Eduardo de Castro en coalición con el PSOE, no es más que “la punta del iceberg”. “Se ha empezado por el amaño de contratos por 6 millones de euros pero esto va a tener mucho más recorrido”, apuntan.
De hecho, no se descarta que la operación policial iniciada este martes continúe en los próximos días. Hay que tener en cuenta que, según testigos presenciales, alrededor de 40 policías se han desplazado a Melilla vía aérea desde Madrid, lo cual podría traducirse en nuevos registros y detenciones en las próximas horas.
Otros datos que se han ido conociendo a lo largo de la jornada de este martes es que el líder del partido, Mustafa Aberchán, que ya fue condenado por compra de votos en las elecciones de 2008 y condenado a dos años de prisión y pena de inhabilitación, quedó detenido en Santander, donde se encontraba participando en un congreso médico.
También ha sabido El Faro que el exconsejero de Distritos, Mohamed Ahmed, fue detenido por su parte en Granada y no será conducido a Melilla al menos en las próximas horas.
