La Zona Económica Especial de Melilla

Ya estamos cerca del fin del verano y aún no hemos visto u oído nada concreto sobre el Plan Integral que el Gobierno de Sánchez anunció hace ya muchos meses ni de los resultados de los trabajos adjudicados a TRAGSATEC, al parecer por razones de urgencia, porque en experiencia en este tipo de trabajos anda un poco escaso, al menos, por lo que se desprende de la información de su página web.

Lo que vaya a plasmar el Gobierno en su Plan Integral aparte de la mejora en los temas de defensa y seguridad -que no deben formar parte de ningún Plan de Desarrollo, sino que es una obligación del Estado- será bienvenido si con ello se solucionan además las carencias en infraestructura y personal de los servicios sanitarios, judiciales, educativos u otros entes administrativos como SEPES dependientes directamente del Estado y, por supuesto, pone remedio definitivo al pésimo resultado de la ingente cantidad de dinero que aporta el Estado vía subvenciones a los residentes, contrato marítimo y OSP aéreas que es un clamor de los melillenses y una lacra para el desarrollo económico de la ciudad.

Desconozco las conversaciones y aportaciones hechas desde la Ciudad Autónoma al Gobierno central para que se incluya en ese Plan las propuestas plasmadas en el recientemente aprobado Plan Estratégico Melilla 2020-2029. Pero me voy a referir a una propuesta recogida en este Plan y de la que ya se dijo que se iba a aprobar en la Asamblea -y hasta el momento no se ha materializado- y no es otra que la de solicitar al Gobierno de España que se autorizase la creación de la Zona Económica Especial de Melilla mientras se decide finalmente si optamos por la entrada o no en la Unión Aduanera de la que ya sabemos -gracias al Informe de EY presentado en Bruselas- que conlleva una serie de trámites largos y que de querer mantener la actual imposición indirecta habría que negociarlo con la UE y que no son tantos los beneficios que podría reportar nuestra entrada en el Territorio Aduanero Común. El mismo informe recoge la recomendación de cambiar la actual condición de Territorio Franco por la de una Zona Económica Especial (ZEE). Quizás no sea la solución definitiva o única a nuestros males, pero puede ser un instrumento para atraer inversiones productivas a nuestra ciudad. Además, no es incompatible con nuestra entrada o no en el Territorio Aduanero Común al ser una figura ya existente en toda la Unión Europea y seríamos ‘más Europa’.

La Zona Económica Especial de Melilla sería una zona de aún más baja tributación que tiene por finalidad promover el desarrollo económico y social de la ciudad y diversificar su actual estructura económica, por lo que debería estar abierta a empresas que operen sólo en determinados sectores no maduros en la ciudad, y que sean autorizadas e inscritas en un registro especial. La ZEE abarcaría todo el territorio de la ciudad, no limitada a un polígono o recinto concreto. La medida debería prever ventajas fiscales en forma de reducción del tipo de gravamen del Impuesto de Sociedades al 4%, de exención fiscal sobre beneficios no distribuidos, de ciertas exenciones del Impuesto sobre Transmisiones Patrimoniales y Actos Jurídicos Documentados (ITPAJD) y de ciertas exenciones del IPSI y el incremento de las deducciones en la cuota íntegra del ISS en inversiones y gastos de I+D y en inversión tecnológica. La creación de esta ZEE no conlleva de entrada la necesidad de inversión económica inicial por parte del Estado sino cambios normativos en algunas disposiciones tributarias conformando una batería de incentivos fiscales y simplificaciones administrativas que dependen solo de la voluntad del Estado sin necesidad de pedir la autorización de Bruselas.

En cuanto a estas últimas, deberíamos solicitar se aplique en Ceuta y Melilla de forma interna las normas del Código Aduanero de la Unión en cuanto a los regímenes aduaneros y a las simplificaciones en las declaraciones aduaneras con lo que se ganaría en agilidad y, sobre todo, en seguridad jurídica y armonización con el resto de Europa.

Respecto a los cambios legislativos que entiendo deben acompañar esta creación de una ZEE desde la CEME hemos propuesto los siguientes:

a) Realizar una nueva regulación del IPSI para equipararlo a la estructura liquidatoria del IVA en cuanto a repercusión y deducción de las cuotas soportadas en las distintas fases del ciclo mercantil por las empresas y fijar nuevos tipos impositivos que favorezcan el desarrollo de nuevas actividades.

b) Aclaración -de forma inequívoca- por la D. Gral. de Tributos lo que se entiende por ‘ciclo mercantil completo’ dada las diferentes resoluciones de los TEA sobre actuaciones derivadas de las interpretaciones de la AEAT al respecto.

c) Creación de nuevos incentivos fiscales similares a los de Canarias y manteniendo o mejorando -como parece ser la intención del Gobierno- los actuales en cuanto a bonificaciones en el IRPF, ISS e Impuesto sobre el Patrimonio, Sucesiones y Donaciones e ITP. Entre ellos:

Reserva para Inversiones en Melilla (RIM).

Incentivos Fiscales: Registro Especial de Buques y Empresas Navieras.

Deducción por Inversiones en Melilla.

Deducción por inversiones en producciones de largometrajes cinematográficos y de series audiovisuales de ficción, animación o documental.

Independientemente de la creación de la ZEE se debe agilizar la aprobación del RD que debe desarrollar la aplicación de las bonificaciones al transporte de mercancías incluido en los PGE desde 2017 mejorando la propuesta que hemos visto del borrador de dicho RD en el que no se han recogido aspectos fundamentales, por ejemplo, no tener en cuenta además del flete los costes de los controles de seguridad, de los trámites administrativos de la gestión de los embarques o los recargos por incremento del coste del combustible (BAF) que cobran las navieras y, sobre todo, no incluir en la bonificación al transporte de los productos alimenticos de primera necesidad y los combustibles. La cesta de la compra en Melilla, los precios de la hostelería y del suministro energético han subido espectacularmente. Bonificar su transporte, eso sí que beneficiaría a todos los melillenses y no solo a algunos como se desprende del borrador que conocemos.

Espero que tanto el Gobierno y la Asamblea de la Ciudad Autónoma se ‘pongan las pilas’ para adoptar los acuerdos que sean necesarios y plantee al Gobierno de España que incluya en su Plan Integral lo que los melillenses queremos y hemos dejado plasmado por escrito en el Plan Estratégico Melilla 2020-2029 para poder tener un presente y futuro independiente de los caprichos y la ‘buena voluntad’ de nuestros queridos vecinos.