Ya son seis los detenidos por la trama de la compra de votos

Fuentes oficiales de la Jefatura Superior de Policía han confirmado que ya son seis los detenidos por una operación que se ha denominado "Santiago-Rusadir" y que se inició a primeras horas de esta mañana de martes en las viviendas de otros tantos diputados de CpM, tanto de la anterior como de la presente legislatura. Las mismas fuentes oficiales han indicado que se están desarrollando siete acciones de entrada y registro.

Además, la Jefatura de Policía ha señalado que los delitos investigados son pertenencia a organización o grupo criminal, fraudes en la contratación pública, prevaricación administrativa, tráfico de influencias, falsedad documental y malversación de caudales públicos.

Igualmente apunta que se trata de actuaciones policiales inmersas en las diligencias previas del Juzgado de Primera Instancia e Instrucción número 2 de Melilla y declaradas secretas desde hace casi un año, cuando se tuvieron los primeros indicios de que se podrían estar cometiendo delitos muy graves desde la bancada cepemista.

Todo este asunto saltó a la opinión pública a raíz de lo que venía sucediendo con el voto por correo en Melilla, que llegó a superar la cifra de 11.000 solicitudes. Pocos días después, la policía llevaba a cabo una redada en CpM, que incluía la sede que el partido de Aberchán tenía en la carretera de Farhana y que, según se comentó entonces, se dedicaba a toda la cuestión de la comunicación del partido.

La Fiscalía Anticorrupción se hizo cargo del caso el pasado 25 de mayo. El propio Ministerio Fiscal manifestó entonces que los hechos por los que se inició el procedimiento judicial podrían ser constitutivos de falsedad documental, prevaricación, malversación y cohecho, además de delitos electorales de los arts. 141 y 146.1 a) de la L.O. 5/1985, de 19 de junio, del Régimen Electoral General, “sin perjuicio de ulterior calificación”, de acuerdo con el atestado policial.

La Fiscalía General del Estado consideró ya entonces que se trataba de “un supuesto de especial trascendencia” incardinable en el artículo 19.4 del Estatuto Orgánico del Ministerio Fiscal (EOMF), lo que permite que la Fiscalía Anticorrupción asuma el caso.

Así, justifica que los hechos suponen “una manifestación de delincuencia o criminalidad organizada” y tienen gravedad y trascendencia “desde el punto de vista social y político” por “la pretensión de alterar la libre manifestación de la voluntad popular”, además de “la complejidad de las investigaciones” que se deben desarrollar.