Vox Melilla ha forzado al Gobierno de la Ciudad Autónoma a corregir un doble nombramiento irregular de un funcionario que, por normativa, solo podía ostentar un único cargo. Sin embargo, por decreto del presidente de la Ciudad, se le habían asignado dos responsabilidades distintas, una como secretario de la Asamblea y otra como secretario del Consejo de Gobierno.
La denuncia fue encabezada por el presidente de Vox Melilla, José Miguel Tasende, quien cuestionó públicamente esta designación al considerar que vulneraba la Ley 53/1984 de Incompatibilidades del personal al servicio de las Administraciones públicas. La normativa establece que un funcionario solo puede desempeñar un único puesto dentro de la administración, salvo en circunstancias excepcionales previamente justificadas.
"En Vox nos alegramos mucho de ser útiles, porque recogemos las quejas de los vecinos y las trasladamos a las más altas instancias, por ejemplo, al Congreso de los Diputados. Otras veces somos más útiles de una manera más discreta, como en el caso del nuevo secretario de la Ciudad y secretario del Consejo de Gobierno al que se le habían dado dos cargos siendo funcionario público, mediante una resolución del presidente de la Ciudad. No puede ser así. Solamente se puede tener un cargo", manifestó Tasende.
El pasado 26 de febrero de 2025, Vox Melilla presentó una pregunta por escrito a la Ciudad Autónoma en la que exigía explicaciones sobre cómo era posible que, en el Boletín Oficial de Melilla del 14 de febrero, se hubiera publicado el Decreto 023 del presidente de la Ciudad, en el que se designaba a un mismo funcionario para dos cargos de manera simultánea.
Según Tasende, la respuesta no tardó en llegar, y el Ejecutivo local se vio obligado a anular el nombramiento, dejando al funcionario con solo uno de los cargos y asignando la otra función a otra persona de manera provisional. "Hemos sido útiles para la ciudad. Hemos corregido un error grave", afirmó el líder de Vox en Melilla.
Además, el partido de Abascal en la ciudad autónoma advirtió que ambos cargos debieron haber sido ofertados públicamente a través de una convocatoria formal, estableciendo los méritos que se juzgarían en el proceso de selección. Tasende cuestionó que se nombrara directamente a una persona sin ofrecer oportunidades a otros candidatos:
"Si no hubo convocatoria de las plazas (publicidad y concurrencia), no pudo haber solicitud del interesado. ¿Cómo se le nombra? Por el contrario, si hubo solicitud del interesado, ¿cómo tuvo noticia de la convocatoria?", insistió el dirigente de Vox.
En su escrito, el partido también solicitó copia del expediente administrativo de este caso, a fin de analizar los procedimientos que se habían seguido y evaluar si se habían cometido más irregularidades.
Este episodio se suma a una serie de acciones recientes de Vox tanto en el ámbito local como en el Congreso de los Diputados. En los últimos días, la formación ha conseguido sacar adelante una Proposición No de Ley (PNL) que insta al Gobierno de Pedro Sánchez a otorgar a la carrera militar la consideración de profesión de riesgo.
Asimismo, este martes, el partido de Santiago Abascal fue clave en la aprobación de la recuperación de la bonificación del 50% a las cuotas patronales de la Seguridad Social para empresarios de Ceuta y Melilla, una medida que beneficia a los sectores económicos de ambas ciudades autónomas.
Por otro lado, en el ámbito educativo, Vox ha solicitado la comparecencia de la directora general de Planificación del Ministerio de Educación para que explique la presencia de amianto en el colegio del barrio del Real, en Melilla. También ha formulado una pregunta por escrito al Ejecutivo central sobre la falta de personal en la Residencia de Mayores de la ciudad.
Aunque el Gobierno local aún no ha emitido una declaración oficial sobre la rectificación del doble nombramiento, esta situación pone en evidencia la importancia del control y la fiscalización de las decisiones administrativas. Vox Melilla, con esta acción, ha logrado revertir una designación que, según argumenta el partido, no se ajustaba a la legalidad vigente.
La anulación del decreto presidencial supone un revés para el Ejecutivo de la Ciudad, que deberá ser más riguroso en sus procedimientos de nombramiento de cargos públicos para evitar nuevas polémicas y garantizar la transparencia en la gestión de la administración.
Por ahora, queda pendiente conocer si el partido emprenderá más acciones para exigir responsabilidades sobre cómo se produjo esta irregularidad y si podría haber más casos similares en la estructura del Gobierno local.
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