La diputada del PP Melilla, Paz Velázquez, ha denunciado que la contratación del servicio de grúa municipal ha pasado de ser “una nefasta gestión” a ser “el mayor escándalo de corrupción del Gobierno local”. Durante un año y medio, apuntó, ha habido un contrato de emergencia con una empresa que no ofrecía un servicio de calidad, según destacó la popular. Y añadió que este fin de semana se ha sacado otro contrato de emergencia pero se ha adjudicado a la empresa que hace año y medio llevaba el servicio. Velázquez cree que se puede entender como una rectificación del Gobierno local. Pero para ello, indicó que se ha tenido que llevar este asunto a los juzgados. Subrayó que hay 5 millones de euros derrochados del dinero público por deudas y la contratación de emergencia.
La dirigente del PP explicó que este fin de semana ha salido un nuevo contrato de emergencia para poder contar con este servicio porque aún no se ha adjudicado de forma definitiva a pesar de que ha pasado un año y medio de que finalizara el anterior. Y apuntó que en ese nuevo contrato de emergencia se ha dado a la empresa que siempre ha llevado este servicio y que, a su juicio, contaba con las características para ofrecer la calidad demandada. Por ello, cree que si ha habido un cambio en el adjudicatario de ese contrato de emergencia es porque el Gobierno local se ha dado cuenta de que el anterior era presuntamente irregular.
Para Velázquez este año y medio en el que se ha contado con un contrato de emergencia adjudicado a una empresa que no cumplían con los requisitos se puede definir como “un cúmulo de despropósitos y de escándalos y de presuntas ilegalidades” que se han denunciado.
Subrayó que en un inicio hubo “una mala gestión” del Gobierno local porque no se prorrogó el contrato de grúa y se dejó el servicio sin nadie que lo ejecutara. Y el proceso de licitación ha ido alargándose, aunque Velázquez indicó que desconoce los motivos.
La diputada del PP lo que tiene claro que es hay presuntas irregularidades en ese primer contrato de emergencia que se ha ido prorrogando durante todos estos meses y que el Ejecutivo local no le ha dado explicaciones de nada.
Para Velázquez este año y medio en el que se ha contado con un contrato de emergencia adjudicado a una empresa que no cumplían con los requisitos se puede definir como “un cúmulo de despropósitos y de escándalos y de presuntas ilegalidades” que se han denunciado.
Subrayó que en un inicio hubo “una mala gestión” del Gobierno local porque no se prorrogó el contrato de grúa y se dejó el servicio sin nadie que lo ejecutara. Y el proceso de licitación ha ido alargándose, aunque Velázquez indicó que desconoce los motivos.
La diputada del PP lo que tiene claro que es hay presuntas irregularidades en ese primer contrato de emergencia que se ha ido prorrogando durante todos estos meses y que el Ejecutivo local no le ha dado explicaciones de nada.
Una comisión
Además de asegurar que se ha “despilfarrado” el dinero público, la popular lamentó que no se hayan dado explicaciones de nada desde el Ejecutivo local. Indicó que hace un mes hubo una Comisión de Presidencia y dedicó gran parte de sus preguntas a intentar conocer mejor el contrato de emergencia y todo lo que rodea a facilitar un servicio de la grúa municipal. Pero dijo que se encontró contra un muro.
Explicó que la consejera de Presidencia, Gloria Rojas, que durante unos meses fue la encargada de gestionar el área de Seguridad Ciudadana dijo en la videconferencia de la comisión que no iba a hablar. Y también apuntó que el presidente de la Ciudad, Eduardo de Castro, dedicó unos insultos hacia ella y no respondió a las preguntas. Según Velázquez, ni el director general le pudo aclarar nada sobre el contrato de emergencia que ha estado en vigor durante todo este tiempo.
La diputada del PP aseveró que Rojas firmó durante diez meses las facturas de ese contrato de emergencia que superan los 300.000 euros. Incluso dijo que había firmado esas facturas a pesar de que no tenía competencias en ella. Por ello, cree que, aunque la fiscal general no la haya llamado como imputada tras llevar el PP este caso a la Fiscalía, el juez sí que lo hará.
Además, acusó a Rojas de “irresponsable” por no responder a sus preguntas y por “falta de diligencia” a la hora de comprobar que ese contrato no era correcto. Para Velázquez, el servicio se estaba ofreciendo por encima del precio de mercado.
También denunció Velázquez que conocen a melillenses que han tenido que pagar el servicio de grúa por un precio superior a la tasa municipal. De hecho, ve ahí otra vía de denuncia.
Para la diputada del PP, aseveró que la actitud del Gobierno local es de “negacionistas”, cuando su formación ha avisado de que las cosas no se estaban haciendo bien y que iban a llevar el tema a los juzgados. Afirmó que se han comportado con mucha soberbia con este tema cuando el PP tiene más experiencia en la gestión.
“El PP ha podido demostrar ilegalidades manifiestas en este contrato y, sobre todo, la posible malversación de caudales públicos. Hablamos de un contrato inflado, carente de buenos servicios, porque el Sindicato de la Policía Local se ha quedado en varias ocasiones de este contrato, precios por encima de la tasa pública y reparos del interventor y una deuda millonaria contraída con el anterior adjudicatario que se va a tener que saldar con el dinero de los melillenses”, aseveró.
Por otro lado, la diputada del PP comentó que, aunque era público que el Gobierno local está investigado por el caso de la creación de un centro de menores en Rostrogordo, no lo era que el presidente de la Ciudad y la consejera de Hacienda, Dunia Almansouri, estaban investigados. Pero Velázquez dijo que De Castro sí que lo sabía porque la Fiscalía envió la documentación a la Ciudad el 4 de marzo. Por ello, aseveró que “faltó a la verdad” no solo a su partido, Ciudadanos (Cs) del que finalmente ha sido expulsado, sino también a los melillenses.
También dijo Velázquez que De Castro carece de “gallardía política” porque no ha comparecido ante los medios de comunicación para dar explicaciones sobre este asunto. Para ella, es un tránsfuga y esta cuestión de su expulsión de Cs no solo compete a ese partido, sino también al Gobierno local.
Por otro lado, comentó que hay un problema con los controladores Covid e indicó al consejero de Políticas Sociales, Mohamed Mohamed Mohand, que puede que no se pague nunca a la empresa este servicio porque el PP tiene conocimiento de que no se contaría con algunos informes.
Velázquez destacó que como De Castro y Mohamed Mohand no se llevan bien no están haciendo ruedas de prensa de forma conjunta ni el presidente de la Ciudad sale a tratar los decretos. Dijo que esa mala relación que tienen ambos se traduce en que se ponen piedras en el camino unos a otros.
Por último, en cuanto al proyecto para la plaza de toros, Velázquez dijo que antes de opinar de él quiere conocer mejor la documentación, pero espera que no se dejen de realizar corridas de toros en Melilla.
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