Este miércoles, la abogada Patricia Fernández Vicens, de la Coordinadora de Barrios ofreció una ponencia en el Hotel Rusadir, invitada por la Mec de la Rue (MDLR) para explicar lo qué significa el nuevo Reglamento de Extranjería, aprobado por el Gobierno el pasado 19 de noviembre.
Especializada en Derecho Penal, Infancia y Migraciones, Fernández Vicens diseccionó una reforma que lejos de ser una nueva noticia para la infancia migrante es una mala noticia, tal y como desarrolló la abogada madrileña durante su conferencia.
En este sentido, Patricia Fernández es tajante al afirmar que “el Reglamento de la Ley de Extranjería pese a que se ha vendido como un buen reglamento de desarrollo de la ley, lo cierto es que se ha perdido una oportunidad para modificar en profundidad la legislación y asegurar que no tengamos niños en el Estado español que estén en situación de irregularidad migratoria. Se ha perdido una oportunidad de regular de una manera eficaz los traslados de los niños y de las niñas tutelados, o un mejor reparto equitativo de aquellos”.
Fernández Vicens subrayó que “se ha perdido la posibilidad de mejorar esta regulación, de asegurarse que los niños puedan ser transferidos a la península en aquellos casos en que sea necesario, en aquellos casos en que no sea necesario tengamos un reparto más equitativo y podamos ir hacia un modelo que es el de la estrategia de la institucionalización, de más acogimientos familiares para los niños migrantes, así como el cierre de grandes centros como el de La Purísima. Sería positivo la construcción de centros pequeños de acogida que estén situados en territorios comunitarios que propicien la integración y la inclusión social plena de estos niños y niñas, pero también tenemos que ser conscientes de que la regularidad migratoria no sólo afecta a la infancia no acompañada sino también a la acompañada. En España tenemos unas tasas de irregularidad migratoria de niños y niñas de hasta un 27 por ciento cuando la tasa de adultos es de un 13 por ciento”.
Dichos porcentajes ponen de relieve que hay muchos más niños y niñas en situación de irregularidad administrativa que personas adultas y “el reglamento no sólo no lo mejora sino que lo empeora y dificulta”.
Para la abogada Patricia Fernández, esta normativa va “dirigida a mejorar la inclusión laboral de las personas que sean productivas, a alimentar el mercado de trabajo español, pero no tiene un enfoque que garantice los derechos de las personas solicitantes de protección, no mejora las condiciones de las personas que ya se encuentran en nuestro país”.
Por otra parte, denuncia que este reglamento dificulta “extraordinariamente” las reagrupaciones familiares: “esto significa que niños en origen se separan de sus progenitores y niños en España se ven obligados a vivir sin sus abuelos y abuelas".
Ampliando el espectro a Europa, Fernández tiene claro que “Europa vive una restricción importante de derechos. Creo que vivimos un momento anti migratorio como nunca ha ocurrido en la sociedad española y en la sociedad europea, en general. Hay que reconocer que España tiene la figura del arraigo, que es inédita, y que no tienen otros países europeos. En lugar de consolidar esa figura que propicia la inclusión de muchas personas le hemos dado muchas vueltas de tuerca que no siempre van en pro de los derechos y que van a incrementar las situaciones de explotación, riesgo de trata y riesgo de tráfico. Por lo tanto, este reglamento incrementa las posibilidades de explotación laboral y dificulta los derechos de los niños y las niñas”.
Con relación al Pacto Europeo de Migración y Asilo, Patricia Fernández adelanta que éste tendrá un impacto muy importante en Melilla, ya que “establece la posibilidad de que se limiten las salidas de los solicitantes de protección internacional y se obliga a los solicitantes a permanecer en un territorio un tiempo determinado. Así que podríamos encontrarnos a una persona que solicite protección internacional a la que se le responda que hasta que se tramite su solicitud no puede salir de Ceuta, Melilla o Canarias. Esto nos va a llevar a grandes bolsas de personas solicitantes en determinadas zonas y a un reparto no equitativo que se traduce en más inversiones que la población local autóctona vea compensadas en políticas públicas. Creemos que el Pacto Europeo de Migración y Asilo va a impactar directamente en Melilla”.
Por otra parte, la abogada madrileña hizo hincapié en que “el Gobierno español fue capaz de tramitar 400.000 solicitudes de protección temporal de ciudadanos ucranianos en sólo ocho meses y no somos capaces de tramitar 100.000 a lo largo de un año”.
Para Patricia Fernández este hecho pone de relieve que “el departamento de Marlaska no garantiza conscientemente el acceso a la protección internacional de estas personas".
