12 septiembre 2015. Melilla. Una familia siria entra en el Centro de Estancia Temporal de Inmigrantes (Ceti) de Melilla. La ONG Save the Children exige al Gobierno espaol que tome un papel activo en la crisis de refugiados y facilite el acceso de estas familias a travs de la expedicin de visados humanitarios en el consulado espaol de Nador. Save the Children ha comprobado adems cmo muchas de estas familias se han visto forzadas a separarse porque, en el momento del cierre de la frontera, unos miembros se han quedado en un lado o en el otro. Para poder cruzar el control, las mafias se aprovechan de la desesperacin de los sirios y les ofrecen pasaportes marroques al precio de 1.000 euros. Diversas familias han explicado a Save the Children cmo estn endeudadas y han tenido que elegir quin pasa primero de sus miembros a Melilla, dejando a otros en Nador. © Save de Children Handout/PEDRO ARMESTRE - No ventas -No Archivos - Uso editorial solamente - Uso libre solamente para 14 das despus de liberacin. Foto proporcionada por SAVE DE CHILDREN, uso solamente para ilustrar noticias o comentarios sobre los hechos o eventos representados en esta imagen. Save de Children Handout/ PEDRO ARMESTRE - No sales - No Archives - Editorial Use Only - Free use only for 14 days after release. Photo provided by SAVE DE CHILDREN, distributed handout photo to be used only to illustrate news reporting or commentary on the facts or events depicted in this image.
La polémica saltó hace un par de meses cuando la fiscal del caso ‘Voto por correo’ pidió que se retirara el DNI a dos mujeres amazigh por no saber hablar castellano. Una de ellas tenía 71 años mientras que la otra tenía 57. Los críticos a esta petición hacían hincapié en que Melilla es una ciudad especial debido a su situación fronteriza, entre dos lenguas.
Ahora es el Defensor del Pueblo el que se ha pronunciado sobre un caso también relativo al conocimiento de la lengua española. La institución ha publicado una recomendación sobre una queja que ha recibido del Registro Civil de la Ciudad a la hora de tramitar los expedientes de adquisición de la nacionalidad de menores o personas con capacidad modificada judicialmente y que son tutelados.
En este caso en concreto, el Registro Civil exige a los padres o tutores que aporten certificados de lengua española y de conocimientos culturales de nuestro país. Pero para la institución del Defensor del Pueblo, presidida en funciones por Francisco Fernández Marugán, no se debe solicitar esta documentación porque prima siempre el interés del menor o de la persona tutelada.
La institución recalca que la acreditación del conocimiento del castellano no es un requisito exigible a los representantes legales de los menores y considera que este criterio vulnera el principio de interés superior del menor, una premisa que parece que se olvida en demasiadas ocasiones. Los niños son niños por encima de todo.
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