UPyD saca otra sentencia sobre 32 baremaciones irregulares en Logüeno

El número uno de los upedistas melillenses, Emilio Folgar, afirma que la Justicia “condena a la Ciudad por enchufismo”.

A las dos sentencias desfavorables a la Ciudad Autónoma y, en concreto,  a la sociedad pública de Emvismesa en la promoción de García Valiño y las ocho permutas en las inmediaciones de la mezquita del Buen Acuerdo se suma un nuevo dictamen en torno a la promoción de VPO de Logüeno, según anunció ayer el número de Unión, Progreso y Democracia (UPyD) en Melilla, Emilio Folgar. Asegura que esta sentencia y las otras ponen en evidencia que en la baremación que realiza Emvismesa sobre las VPO “hay amiguismo y enchufismo” pues “la Justicia dictamina que son baremaciones irregulares”.
Esta última sentencia parte del Contencioso Administrativo número uno, según informó Folgar, en la que refleja que la baremación “es nula de propio derecho” y por ello, pidió las explicaciones del Gobierno local sobre este dictámen en lo que el upedista consideró una actitud “nepotista y prepotente” del Ejecutivo de la Ciudad.
En este sentido, Folgar aseguró que el portavoz del Ejecutivo, Daniel Conesa, “se cree que está por encima de la Ley cuando dijo que hay sentencias que la Ciudad debe acatar y otras que no”. Ello explica para esta formación política que en menos de cuatro meses se hayan fallado tantas sentencias desfavorables para la Ciudad.
Por ello, preguntó: “¿Cuántas viviendas desocupadas tiene Emvismesa para ir parcheando la chapuza de baremación que hace?” mientras, dijo, existen más de 6.000 familias melillenses que demandan una vivienda de protección oficial. Folgar aseguró que todas estas familias tendrían derecho a reclamar una revisión de sus baremaciones pues, posiblemente ante “tanta adjudicación ilegal, tendrán derecho a una VPO”, finalizó.
Por último, el upedista melillense reclamó al Gobierno local y a Emvismesa que salgan públicamente para dar las explicaciones pertinentes no solamente a las formaciones políticas de la ciudad sino también a esas 6.000 familias melillenses que demandan una vivienda y que, “a día de hoy, la Justicia ha considerado reiteradamente que los baremos se han aplicado de manera irregular”.