La profesora María del Carmen Burgos, del Departamento de Derecho del Trabajo y de la Seguridad Social de la Facultad de Ciencias Sociales y Jurídicas de la Universidad de Granada (UGR) en Melilla, ha recordado este martes que para donde no llegue el Ingreso Mínimo Vital (IMV) están las rentas autonómicas, que permiten a cada Gobierno adaptarlo a las necesidades de su territorio. En una ponencia titulada ‘Migración y pobreza: un análisis de rentas en tiempos de disrupción’, la profesora ha indicado que depende de cada Comunidad Autónoma la cobertura de distintos aspectos relacionados con la pobreza. Dentro de este campo, según ella, hay cuatro –Madrid, Aragón, Andalucía y Extrenadura– que están cubriendo el efecto de la pobreza femenina, pero que seguramente son las dos últimas las que están trabajando mejor en este aspecto. Algunas de estas rentas autonómicas, ha dicho, están incluyendo ya a las familias monoparentales y a las familias con hijos, incluso dentro de los diversos estatutos de autonomía. En todo caso, la experta ha anotado que el problema existente es que se están otorgando “como algo excepcional cuando, en realidad, tendría que ser un principio regulador de todas las rentas de ingreso mínimo”. Respecto a los inmigrantes, Burgos ha resaltado que, cuando quieren retornar, aunque tienen derecho a esa renta, deben cumplir el requisito de la residencia, teniendo en cuenta que cada Comunidad Autónoma pide un período de residencia distinto. En su opinión, con esta norma se está creando “una discriminación entre los inmigrantes en función del lugar adonde quieren volver”, ya que algunas comimidades, como Galicia, exigen un período de residencia “muy corto”, de un año, mientras que otras, como La Rioja, exigen diez. Durante su disertación, la profesora ha recordado que en Cataluña se impulsó una experiencia piloto para crear una renta mínima universal, pero que, aunque pueda ser una solución, ella cree que hay que reformular las rentas mínimas autonómicas para que verdaderamente cubran el segundo estadio de pobreza, adonde no llega el IMV, o bien eliminarla y crear otra medida que sea más efectiva. Respecto a qué personas tienen derecho a esta ayuda, Burgos ha explicado que los españoles que quieran retornar a su comunidad pueden acogerse a ella si cumplen ciertos requisitos, que dependen de la autonomía. Los extranjeros irregulares también podrían pedirla en las comunidades autónomas que solamente pidan la residencia efectiva y no otros requisitos administrativos. “Hay comunidades autónomas donde te empadronan directamente sin acreditar el alquiler de una vivienda, o el pago del agua o de cualquier otra cosa, y estas personas, si están en un estadio de pobreza, también tendrían derecho a solicitarla y tendrían que concedérsela”, ha dicho. La profesora ha analizado en su libro las disfuncionalidades en los ámbitos social, económico, cultural, laboral y jurídico, así como las políticas migratorias y los efectos que tienen en las rentas mínimas autonómicas. Faltaría por hacer otro estudio, que acometerá pronto si es posible, sobre los efectos no solamente en materia emigratoria, sino también inmigratoria.