Un joven desmiente la versión del director general de Función Pública

Un joven integrante de la bolsa de Oficiales de Instalaciones Deportivas ha desmentido públicamente la versión ofrecida por la Dirección General de Función Pública, que lo señalaba por un supuesto comportamiento intimidatorio hacia un empleado público. El afectado rechaza de forma tajante estas acusaciones y sostiene que nunca ha amenazado a ningún responsable administrativo, en un caso que, según afirma, responde a un “malentendido” ya aclarado entre las partes.

Según explica en declaraciones remitidas a este medio , lleva 12 años formando parte de dicha bolsa y asegura que su única intención ha sido reclamar el cumplimiento de compromisos adquiridos anteriormente, así como la continuidad del funcionamiento habitual de la misma, que, según indica, se desarrollaba durante periodos de nueve meses.

El joven afirma que, al intentar trasladar su situación al director general de Función Pública, este evitó atenderle directamente y derivó responsabilidades a otros departamentos. En este sentido, critica que se le haya culpabilizado a áreas como Deportes o Intervención, lo que considera una forma de eludir el problema de fondo. “Se trata de dinero público como para andar echándose la culpa unos a otros, de consejeros a técnicos y de técnicos a consejeros”, sostiene, al tiempo que remarca que la Administración “debe estar para resolver los asuntos, no para complicarlos”.

El conflicto se intensifica cuando, según su relato, desde la Administración se sostiene que el joven habría proferido amenazas. Una versión que niega categóricamente. “En ningún momento he amenazado”, insiste, al tiempo que asegura que se han construido testimonios en su contra. En concreto, denuncia la existencia de “testigos falsos” dentro del entorno administrativo que respaldarían esa acusación.

Asimismo, señala que se le ha impedido acceder a dependencias municipales mediante la presencia de agentes policiales, lo que interpreta como un intento de evitar que pueda ejercer su derecho a ser atendido. “Estoy exigiendo mis derechos”, afirma.

El joven también enmarca su caso dentro de un malestar más amplio entre la ciudadanía. Según sostiene, existe una creciente percepción de que los empleados públicos “no quieren trabajar”. “Cada vez que se busca a alguno, resulta que no está en su puesto de trabajo”, asegura. En la misma línea, añade que incluso dentro de la propia Administración hay críticas hacia la figura del director general implicado. “Sus propios compañeros hablan muy mal de él”, afirma, para añadir que, pese a ello, después se intenta “echar leña al fuego”, lo que califica como un “gran ejercicio de hipocresía”.

Como posible solución para evitar situaciones similares y posibles tergiversaciones en el trato entre ciudadanos y empleados públicos, propone que un agente de la Policía Local esté presente durante este tipo de interacciones, de modo que quede constancia objetiva de lo ocurrido.

Este desmentido se produce tras las declaraciones de la Administración de la Ciudad Autónoma, que calificó de “intolerable” el presunto acoso sufrido por un empleado público. Una versión que ahora es cuestionada directamente por el joven implicado, quien insiste en que los hechos no ocurrieron como se ha trasladado públicamente y subraya que la situación ya ha sido aclarada, atribuyéndola a un malentendido.