El Comité de la Organización de las Naciones Unidas (ONU) sobre la Protección de los Derechos de Todos los Trabajadores Migrantes y sus Familiares (CMW, por sus siglas en inglés) ha reclamado a Marruecos que lleve a cabo "una investigación independiente y seria sobre la tragedia del 24 de junio de 2022 en Melilla y procesar y sancionar a sus responsables".
En su informe sobre la situación en esta materia en el Reino alauí, el Comité manifiesta su "profunda preocupación" por la muerte de 23 personas y las decenas de heridos que dejaron "las acciones de las fuerzas de seguridad marroquíes contra migrantes en el puesto fronterizo entre Nador y Melilla".
Asimismo, ha manifestado su preocupación por las denuncias de otros actos de violencia, "incluidas la discriminación racial y la destrucción de bienes privados y alimentos" los meses previos a estos sucesos contra los migrantes que vivían en alojamientos en Nador y sus alrededores.
Por lo tanto, el Comité de la ONU ha reclamado a Marruecos que se lleven a cabo investigaciones independientes y se haga público el informe que resulte de dicha investigación.
De la misma forma, el Comité exige que se depuren responsabilidades y se sancione a los responsables de estas violaciones de los derechos humanos, en particular los agentes del Estado implicados, con penas proporcionales a la infracción, además de adoptar medidas para garantizar que no se repita este tipo de hechos.
Por último, la institución dependiente de la ONU pide al Estado marroquí que actúe para que las víctimas y sus familiares tengan acceso a "una reparación y una indemnización adecuadas".
El Comité para la Protección de los Derechos de Todos los Trabajadores Migratorios y de sus Familiares (CMW) es el órgano de expertos independientes que trabaja para proteger los derechos de los millones de trabajadores migratorios de todo el mundo.
Los trabajadores migrantes y sus familias suelen sufrir marginación, xenofobia y malas condiciones de vida y trabajo. En casos graves, sufren explotación, expulsión y riesgo de muerte. El Comité supervisa el modo en que los Estados aplican la Convención y protegen los derechos humanos de los migrantes.
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