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Todas las asociaciones de guardias civiles rechazan la estrategia política que impone Marlaska en el cuerpo

Critican que al ministro del Interior "solo le falta aplicar el Código Penal Militar" para "intentar acallar a los 16 representantes de los guardias civiles vocales en el Consejo de la Guardia Civil"

Las asociaciones profesionales que representan a todas las escalas y empleos de la Guardia Civil abandonaron la semana pasada la reunión del Pleno del Consejo de la Guardia Civil ante los continuos "desplantes y menosprecios sufridos" en el desarrollo de su labor. La iniciativa pionera muestra el "rechazo unánime" de todos los representantes a una estrategia política del ministro del Interior, Fernando Grande-Marlaska "destinada a desacreditar, entorpecer, debilitar y dinamitar la tarea que tiene encomendada este cuerpo policial y, al tiempo, desautorizar la labor de representación ante los guardias civiles".

"El funcionamiento del Consejo de la Guardia Civil, órgano cuyas decisiones carecen del mínimo carácter vinculante, tampoco cumple como instrumento consultivo. Además, se limitan los tiempos de intervención, sin que se tenga en cuenta el contenido de las iniciativas planteadas para la mejora de los derechos laborales y sociales de los guardias civiles. Los representantes de los guardias civiles tenemos clara cuál es nuestra verdadera función dentro del cuerpo y por ese motivo seguiremos adelante, sin que ningún obstáculo pueda impedir nuestra tarea de ser la voz de miles de guardias civiles ante la Administración Pública, aseguran estas organizaciones

Las asociaciones han calificado de "insultante" la forma de proceder de la Administración hacia los representantes elegidos democráticamente por los guardias civiles y reclaman una reunión con el ministro Fernando Grande-Marlaska, "quien eludió el 28 de septiembre pasado presidir el Pleno del Consejo, como evitó también su sustituto en esta Presidencia, el director general de la Guardia Civil".

Para los representantes de los guardias civiles, esa actitud expresa "la falta de interés de la Administración por los numerosos y graves problemas que afectan a los guardias civiles no solo en su trabajo, también en el contexto en el que desarrollan cada día su labor en la defensa de la Constitución y de los derechos de los ciudadanos". "Es necesario un diálogo institucional que asegure una modernización de las relaciones laborales y cree un sistema de participación similar al del resto de cuerpos policiales".

Precisamente, una de las cuestiones en las que las asociaciones profesionales no ven avances es en la aplicación de turnos con cadencias fijas de servicio, "sufriendo un agravio que es más patente si cabe si comparamos la Guardia Civil con la Policía Nacional: mientras en la Guardia Civil se sigue postergando sine die la implantación de turnos, en el otro cuerpo policial dependiente del mismo Ministerio del Interior, llevan años mejorando sus cadencias de turnos de servicio con los cuales poder asegurar la conciliación de la vida laboral y familiar".

Como ejemplos del trato a los representantes de los guardias civiles y a toda la Guardia Civil valgan los ejemplos de la reducción, eliminación y traspaso de competencias de los guardias civiles frente a otros cuerpos policiales, el traspaso de competencias de la Agrupación de Tráfico de la Guardia Civil hacia la Policía Foral de Navarra, la pérdida de competencias en materia de Fiscal, Policía Judicial y Seguridad Ciudadana en puertos y aeropuertos ("recientemente hemos visto el inicio de estas acciones en los puertos de Santander y Melilla"), la polémica por la posible asunción de las competencias del Servicio Marítimo de la Guardia Civil a favor de los Mossos d'Esquadra para la seguridad marítima en la Copa América de Vela 2024 y, además, se pretende prescindir de la participación real de las asociaciones en el sistema a establecer en cumplimiento de Ley 2/2023, de 20 de febrero, reguladora de la protección de las personas que informen sobre infracciones normativas y de lucha contra la corrupción.

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