Un testigo del ‘caso Abogados’: “El Tribunal de Cuentas jamás opuso reparo a los contratos”

• Francisco Platero, interventor accidental entre 2012 y 2014, afirma que su superior, fallecido en 2012, nunca dudó de la “legalidad” de los contratos menores firmados por cuatro letrados con Bienestar Social

Después de que entre el lunes y el martes se repartieran las declaraciones de los 13 acusados en el ‘caso Abogados’, ayer tuvieron lugar los primeros testimonios de testigos. El primero en declarar, Francisco Javier Platero, quien fue interventor accidental de la Ciudad entre 2012 y 2014, afirmó que “el Tribunal de Cuentas en absoluto opuso reparo” a los contratos menores firmados por la Consejería de Bienestar Social con cuatro letrados cuando María Antonia Garbín era la titular de esta área.

Esos abogados firmaron 91 contratos, todos ellos de entre cuatro y seis meses de duración. Tanto la Fiscalía como la acusación popular sospechan que Bienestar Social no formalizaba contratos de un año o más de duración para evitar que se abriera un procedimiento público al que podrían concurrir otros juristas y, de esa forma, emplear siempre a los mismos cuatro letrados.

“Firmaba por delegación”

Platero explicó que, en calidad de interventor accidental, “firmaba por delegación cuando se ausentaba el titular”. Éste era  Silverio Jiménez Filloy, quien falleció en noviembre de 2012.

Este testigo aseguró que su superior “nunca opuso reparo de legalidad a los contratos” que le enviaba Bienestar Social cuando Garbín, la cara más conocida de los 13 acusados en este proceso, era la responsable de la citada consejería.

Cambio a contratación mayor

Francisco Platero señaló que en 2013, habló con secretarios técnicos de Bienestar Social para “cambiar a contratación mayor”. “¿Por qué?, le preguntó la fiscal. “Porque según la Ley Orgánica de Estabilidad Presupuestaria y las leyes de presupuestos de 2013 y 2014 no habría partidas para contratación de personal”, replicó.

El juez le comentó a este testigo que la “razón fundamental de la acusación” es la contratación de cuatro letrados por cuatro o seis meses porque los responsables de Bienestar Social esperaban que la Ciudad crease plazas de funcionarios que pudieran desarrollar el mismo trabajo que los letrados externos a la Administración. “Entiendo que sí cabía la posibilidad de que se incorporara personal a la plantilla permanente” de la Ciudad, replicó Platero.

Acusación popular

El abogado de la acusación popular le preguntó al testigo si era “habitual cubrir trabajadores de Bienestar Social por bolsa de trabajo”. El testigo señaló que no había tal bolsa de trabajo, porque ésta se crea cuando “hay una oposición” y en esa consejería no la hubo.

En la jornada del martes, los cuatro letrados acusados afirmaron que fueron contratados por la consejería tras “entregar el currículum”. La acusación popular le preguntó al testigo si eso es “habitual”, a lo que replicó que “en un contrato menor” no se exige más.

Se acusa a Bienestar Social de fraccionar los contratos para que pudieran tener una duración de cuatro o seis meses y así evitar la contratación mayor. Según este testigo, el interventor comprueba, entre otros asuntos “que no haya fraccionamiento del contrato” y  que no exceda de su tiempo.

No prorrogable

Francisco Platero subrayó que “no se puede prorrogar un contrato menor”. Asimismo, especificó que ese tipo de contrato, “antes de 2007”, tenía un precio inferior a 12.000 euros y que después de ese año la cantidad no debía pasar de los 18.000 euros.

Aparte, explicó que los requisitos para contratar abogados externos a la Ciudad son que tengan “10 años de experiencia”, cinco de ellos “en Administraciones Públicas”. Así, vio “legales” las contrataciones hechas por la consejería.

La acusación popular formula sus primeras preguntas

En los dos primeros días del juicio declararon los 13 acusados, que se negaron a responder al abogado de la acusación popular, un derecho que les permite la ley. La defensa niega legitimidad a la Asociación Libre de Abogados (ALA) para ser parte en el proceso, pues aduce que carece de la condición de “utilidad pública”. No obstante, el juez rechazó esta pretensión y permitió que ALA ejerza la acusación junto a la fiscal.

Ayer declararon testigos, que tienen obligación de decir verdad y de responder a todo, por lo que ALA sí pudo preguntar.