Temor a un brote de coronavirus en el centro penitenciario tras el ingreso de los 33 detenidos del motín del CETI

Fuentes del sindicato ACAIP-UGT del centro penitenciario de Melilla han querido mostrar su preocupación al no tener constancia de que se les haya realizado la prueba PCR a los 33 detenidos por el conato de motín del CETI el pasado miércoles. Explican que tanto los funcionarios como los presos tienen el temor a una posible transmisión del virus en el centro. Expresan que “es un riesgo brutal” introducir a 33 personas sin medidas sanitarias que vienen de un lugar donde hay un brote de ocho contagiados y 200 aislados por ser contactos directos. Además, aunque estos hayan sido trasladados a distintos módulos de la prisión para que pasen la cuarentena, “es imposible” evitar el contacto con los funcionarios, educadores, sanitarios y así todos los trabajadores que pasan por el lugar.

Además, aseguran que hubo problemas coordinación entre las distintas administraciones cuando estos fueron trasladados con una causa común, que no se reforzó el servicio y que hubo problemas con la identificación de los detenidos. “Incluso se tuvo que llamar de urgencia a un proveedor textil de la ciudad para que suministrara material ante tal elevado número de ingresos”. Detallan que en el tiempo que llevan trabajando allí, jamás habían visto un ingreso tan numeroso.

“Nuestro sindicato entiende que las autoridades tienen la responsabilidad de preservar la salud de presos y funcionarios y les hacemos responsables de lo que pueda pasar en el futuro”. Es por ello que aseguran que “han metido una bomba de relojería en un ambiente tan cerrado como es la prisión” y no entienden que no se hayan realizado las pruebas. “¿Tanto cuesta hacer 33 test?” e inciden en que el centro está ahora mismo libre de coronavirus.

Otro aspecto sobre el que llaman la atención es que los 33 presos, ingresados en prisión preventiva sin fianza por una causa común, se pueden unir entre ellos al tener lo mencionado, un mismo motivo por el que están ahí adentro.

Por ello, piden que a la Delegación del Gobierno y a las autoridades penitenciarias que actúen “de forma preventiva” para evitar problemas de seguridad y sanitarios.