El presidente de Somos Melilla, Amín Azmani, ha acusado al Gobierno de Juan José Imbroda de “traicionar” a los trabajadores de las ludotecas públicas al negarse a rescindir el contrato con la empresa adjudicataria del servicio, Alvalop, a pesar de las reiteradas irregularidades cometidas por esta entidad. La formación ha solicitado la convocatoria urgente de la Comisión de Políticas Sociales y exige explicaciones inmediatas por lo que califica de “protección política intolerable” hacia una empresa que, según aseguran, ha incumplido gravemente sus obligaciones laborales y contractuales.
Actualmente, en Melilla funcionan siete ludotecas, de las cuales cinco están gestionadas por Alvalop. Según explicó Azmani, esta empresa acumula un historial de "irregularidades graves" y “una vulneración continuada de los derechos laborales de su plantilla”. Entre los principales incumplimientos que denuncia la formación se encuentran impagos superiores a seis meses de nómina a los trabajadores que, pese a ello, “han seguido prestando un servicio público esencial mientras su dignidad era pisoteada”, en palabras del propio Azmani.
La formación señala directamente al Gobierno local por haber permitido que esta situación se prolongue en el tiempo. Recuerdan que fue en octubre de 2025 cuando, tras la presión de Somos Melilla y de los propios afectados, se abrió un expediente sancionador contra Alvalop, con la posibilidad de rescindir el contrato si no se presentaban alegaciones en el plazo estipulado. La fecha límite era el 14 de noviembre. Sin embargo, según denuncia Azmani, la empresa no presentó alegaciones en plazo, lo que debería haber conllevado automáticamente la resolución del contrato.
“De forma incomprensible y absolutamente injustificable, el Gobierno aceptó alegaciones presentadas tres semanas fuera de plazo”, criticó el diputado. A su juicio, esta decisión supone una vulneración del principio de legalidad, y evidencia que “en esta ciudad incumplir sale gratis cuando se trata de empresas amigas, pero no cuando se trata de trabajadores”.
Según ha hecho público la formación, Alvalop ha abonado tres de las cinco nóminas pendientes, lo que habría servido al Ejecutivo de Imbroda como argumento para no continuar con la rescisión del contrato. Sin embargo, desde Somos Melilla consideran que esto solo busca “blanquear una gestión irresponsable” y constituye una nueva muestra de impunidad hacia una empresa que ha puesto en jaque la estabilidad económica de sus empleados.
“Esto no es justicia, esto es protección política a una empresa incumplidora y una falta de respeto intolerable a la ciudadanía”, afirmó Azmani en su comparecencia.
Somos Melilla ha anunciado que pedirá explicaciones formales y públicas a la consejera de Políticas Sociales en el marco de la Comisión pertinente, exigiendo que se aporte toda la documentación relativa al expediente. Entre otras cuestiones, el partido quiere saber por qué se admitieron alegaciones fuera de plazo y por qué se ha optado por no rescindir el contrato pese a los “incumplimientos graves y acreditados”. Asimismo, reclaman que se garantice el pago inmediato de las nóminas aún adeudadas a los trabajadores. “No creo que ningún consejero aguante cinco o seis meses sin cobrar”, reprochó el diputado.
En su intervención, Azmani subrayó que los servicios públicos “no pueden sostenerse sobre la precariedad” ni sobre el abuso de quienes los mantienen en funcionamiento. Denunció además la “falta de valentía política” del Ejecutivo para enfrentarse a lo que considera una clara negligencia empresarial. Por ello, hizo un llamamiento a la ciudadanía, a los trabajadores afectados y a sus familias para movilizarse y exigir responsabilidades.
“Que le digan a este gobierno que deje de reírse de la ciudadanía, que deje de jugar con las perspectivas de futuro de muchísima gente, del pan de muchísimos trabajadores, porque es inaceptable”, concluyó Azmani.
La formación ha dejado claro que seguirá presionando institucional y públicamente hasta obtener una respuesta clara y una solución que garantice la dignidad y estabilidad de los empleados de las ludotecas públicas de Melilla.