La Asamblea de Melilla aprobó ayer por la mañana, en sesión plenaria, una declaración institucional para que la ciudad autónoma sea nombrada en el futuro Patrimonio de la Humanidad. El texto vio luz verde sin el apoyo unánime deseado por el Gobierno local, pues PSOE y PPL optaron por abstenerse en la votación, mientras que PP y CpM se pronunciaron a favor.
Si en algo coincidieron los cuatro grupos de la Asamblea fue en que se trata de algo positivo para Melilla. No obstante, PSOE y PPL reclamaron al Ejecutivo local más información al respecto para poder votar con conocimiento de causa. El Gobierno respondió que se trataba de una mera declaración de intenciones y que todavía no era necesario detallar los pormenores de este proyecto, que se ha planteado a largo plazo.
Comenzó abriendo el Pleno el portavoz de los cepemistas, Hassan Mohatar, quien apuntó que defender a Melilla como Patrimonio de la Humanidad es “una buena idea”. Eso sí, el dirigente de CpM preguntó al Ejecutivo cómo se estructura esta iniciativa en términos de presupuesto económico, zonas de la ciudad que aspiran a este reconocimiento y similares. En cualquier caso, señaló al PP que podían contar con el respaldo de su formación política en este terreno. “Aquí no cabe demagogia”, abundó.
Falta de información
Por otro lado, el diputado socialista Dionisio Muñoz se mostró muy crítico con la falta de información sobre esta cuestión. Así, reclamó al Gobierno que aportara datos para que el proyecto no quedara “como un brindis al sol”. En la misma línea, preguntó en qué punto se encuentra esta iniciativa actualmente, habida cuenta de que se planteó por primera vez hace más de una década. Además, apuntilló que la Fundación Melilla Monumental lleva años persiguiendo este objetivo, habiendo gestionado para ello unos 11 millones de euros.
El portavoz de PPL, Julio Liarte, pidió que el tema quedara sobre la mesa, propuesta que fue posteriormente rechazada con los votos del PP. Asimismo, recalcó que su formación política necesitaba más datos sobre la iniciativa para poder pronunciarse “con seriedad y responsabilidad”. En este sentido, aseguró que si el Ejecutivo demostraba que era factible sacar el proyecto adelante, PPL lo apoyaría. “Lo contrario sería votar a ciegas”, apuntilló.
La vicepresidenta primera de la Asamblea, Cristina Rivas, dejó su asiento libre por unos segundos para sentarse en su escaño y defender la declaración redactada por el Ejecutivo local. En este sentido, apuntó que el texto recogía la “buena voluntad y predisposición” para que todos los grupos apoyaran a el nombramiento de Melilla como Patrimonio de la Humanidad. “El resto del camino ya lo andaremos todos juntos. Se trata de un recorrido de muchos años, no podemos saber aún detalles como el presupuesto”, añadió.
Por su parte, el portavoz del Ejecutivo, Daniel Conesa, destacó que se trataba de un “privilegio que implica obligaciones” y que debe contar con el reconocimiento de todas las fuerzas políticas de la Asamblea melillense. Conesa resaltó que serían objeto de su declaración como Patrimonio de la Humanidad el casco antiguo, el centro modernista y la multiculturalidad que hay en la ciudad autónoma.
Segundo turno de palabra
En la segunda ronda de intervenciones, Mohatar insistió en que su grupo apoyaría la propuesta, aunque reclamó al Ejecutivo que ahonde en la corrección de las “profundas diferencias económicas” que hay entre culturas y religiones en Melilla.
Por su parte, Muñoz criticó que el Gobierno había hecho poco para convencer a la oposición y reprochó a los cepemistas su cambio de postura con respecto a la mantenida en Comisión. “¿No habrán negociado durante el fin de semana para apoyar este asunto a cambio de discutir un cambio de fecha para el Día de Melilla?”, inquirió el socialista.
Por último, Liarte lamentó que el Ejecutivo no busque el mismo consenso para alcanzar acuerdos sobre temas como el transporte, la inmigración o el desempleo.
A la hora de las votaciones, populares y cepemistas apoyaron la declaración institucional, mientras que PSOE y PPL se abstuvieron. Así, el texto vio luz verde con el respaldo del 85% de los diputados de la Asamblea, aunque sin la unanimidad que se pretendía.