La Audiencia Provincial de Málaga con sede en Melilla continúa sin pronunciarse acerca de los recursos de apelación presentados por las defensas de los exconsejeros de CpM que se encuentran en prisión preventiva sin fianza y que pretenden revocar los autos que los llevaron a la cárcel hace ya más de un mes. Así lo ha confirmado a El Faro Bárbara Royo, la abogada del actual vicepresidente segundo de la Mesa de la Asamblea, Rachid Bussian. Según comentó en ese sentido, es normal que una resolución de esas características se prolongue en el tiempo.
Por su parte, la titular del Juzgado de 1ª Instancia e Instrucción número 2 de la ciudad tampoco ha remitido todavía la Mesa de la Asamblea el documento que acredite oficialmente la situación procesal en la que se encuentran los todavía diputados cepemistas Rachid Bussian y Dunia Almansouri. Sin ese documento, la Asamblea no puede tomar decisiones con respecto al futuro de ambos.
La vicepresidenta primera de la Mesa, María José Aguilar, ha asegurado a El Faro que no ha recibido respuesta después de que se le enviara al citado Juzgado melillense un escrito con el objetivo de que se tuviera conocimiento oficial de unos procesamientos, detenciones y autos de prisión que solo se conocen a través de los medios de comunicación.
Lo que pretende la mesa es conocer por conducto oficial la situación procesal de estos diputados con el fin de establecer si es o no de aplicación el Reglamento de la Asamblea en cuanto a un hecho insólito en la vida política de la ciudad y que no es otro que dos diputados en ejercicio estén ingresados en prisión.
De hecho, el artículo 20 del vigente Reglamento de la Asamblea plantea la posibilidad de suspender como diputados a quienes se encuentren en situación de prisión preventiva y mientras dure dicha situación.
Por otro lado, continúan conociéndose detalles relacionados con el sumario de la operación Santiago-Rusadir. Cabe destacar a ese respecto que los investigadores hablan de "costes inflados" y "muy por encima" del valor de mercado en muchos de los contratos menores que habrían utilizado los miembros de la "organización criminal con mayúsculas" dedicada, según los atestados policiales, a la compra masiva de votos por correo.
A modo de ejemplo cabe citar el caso del concierto de Morad. Según consta en el atestado policial, Multiservicios Nane cobró 11.890 euros únicamente por "coordinar el evento", un coste "inflado y desmesurado" sin olvidar, apunta la policía, que ese espectáculo "fue parcelado en 18 contratos menores".
Otros ejemplos están relacionados con obras de reparación de muros o de vallas que alcanzan casi los 38.000 euros y una "simple recogida de enseres" que se facturó por 7.900 euros. "Está muy por encima del mercado de transportes y mudanzas", concluyen los investigadores, que también hacen referencia a una "limpieza covid" de casi 15.000 euros "que parece desorbitado conforme a los barermos que manejan las empresas de limpieza".
El carácter "inflado" de los costes de los contratos menores investigados y el hecho de que se observe "una falta de fijación y justificación de criterios para la valoración del precio del contrato y su ajuste con respecto a los precios de mercado" es una constante a lo largo de la larga lista de adjudicatarios que están siendo investigados por la policía.
Otra de las partes de la que consta el sumario contempla hasta 47 capturas de mensajes entre el que fue director de campaña de CpM en las elecciones municipales y autonómicas de mayo de 2023, Abderrahim Selam, y el presidente del partido, Mustafa Aberchán, entre el 30 de marzo de 2023 y el 5 de abril del mismo año, en las que se habla de compra de borregos, la necesidad de quedar con responsables de empresas de mayor volumen, y de la organización de una cena con empresarios a los que pedir dinero para la campaña.
Todas esas capturas de mensajes se corresponden con el contenido hallado en un ordenador portátil durante el registro de la sede que los cepemistas tenían en el número 66 de la Carretera de Farhana, registro que formó parte de las primeras intervenciones que se llevaron a cabo en Melilla en mayo de 2023 por parte de la policía.
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