El Observatorio de Ceuta y Melilla, dependiente del Instituto de Seguridad y Cultura, presentará este viernes, en el centro asociado de la Universidad Nacional de Educación a Distancia (UNED) de Melilla, el informe elaborado por siete profesores de la Universidad de Cádiz sobre ‘La consolidación europea de Ceuta, Melilla y los otros territorios españoles en el norte de África’, donde sus autores concluyen dando un ‘sí’ a la incorporación de las ciudades autónomas al espacio Schengen, a la Unión Aduanera y a la oportunidad de ser consideradas regiones ultraperiféricas, además de a la unión a otras redes de ciudades europeas y con una gestión de fronteras en la que esté presente Frontex.
En la presentación, además del director de la UNED melillense, Ángel Castro, acudirán algunos de sus autores, el secretario de la UNED de Ceuta, Enrique Ávila, y el director del Observatorio de Ceuta y Melilla y profesor en la UNED sede central, Carlos Echeverría.
Se trata de un texto de 134 páginas que ya fue presentado en el Congreso de los Diputados el pasado día 24 de junio y en Ceuta a mitad de septiembre y que está dividido en siete capítulos. Pero vayamos por partes.
En el primero de ellos, titulado ‘Estrategias de consolidación europea de Ceuta y Melilla. Ciudades UE de frontera exterior. Los peñones de Vélez y Alhucemas’, escrito por Alejandro del Valle, el autor aboga por “establecer el objetivo permanente de consolidar a la Unión Europea (UE) en las ciudades, islas y peñones de España en la costa africana”. Este objetivo, asegura, debe considerarse en la legislación y en las políticas públicas e integrarse en instrumentos concretos como la Estrategia de Seguridad Nacional, o los Planes Integrales de Seguridad para Ceuta y Melilla.
También se podría, según Del Valle, “considerar en la próxima reforma de los tratados el establecimiento de una región ultraperiférica europea para el conjunto de los territorios de España en la costa africana”.
En tercer lugar, cree, se podría proponer a la UE crear un estatuto específico de Derecho de la Unión amoldado a las necesidades de Ceuta y Melilla, como ciudades UE de frontera Exterior en África, “dado el carácter absolutamente único de sus circunstancias (hecho fronterizo único, datos migratorios objetivos, utilización de la migración como arma política, protección de valores europeos) en el contexto español, europeo y mediterráneo”.
Por último, Del Valle sugiere intensificar las referencias normativas españolas y europeas relativas a las islas y peñones de España en la costa africana.
En el segundo capítulo, sobre propuestas de cooperación transfronteriza europea en la nueva etapa de relación hispano-marroquí, Inmaculada González habla de la creación de una Agrupación Europea de Cooperación Territorial (AECT) en el marco de la política regional y de cohesión europea para cada una de las ciudades autónomas, con participación de entidades –como sindicatos, empresarios y la sociedad civil- de ambos lados de la frontera.
A continuación, la autora propone la ejecución, en el periodo 2021-2027, de un programa geográfico de vecindad con Marruecos a través del nuevo Instrumento de Vecindad, Desarrollo y Cooperación Internacional (IVDCI) - Europa Global, que se aplica con efecto retroactivo desde el 1 de enero de 2021.
De la misma forma, se podría, dice González, adoptar, en el ámbito de las relaciones bilaterales hispano-marroquíes, acuerdos no normativos entre las ciudades de Ceuta y de Melilla con las provincias de Tetuán y de Nador, respectivamente, en los términos establecidos en la Ley española 25/2014, de 27 de noviembre, de Tratados y otros Acuerdos Internacionales.
El tercer capítulo del informe, dedicado a ‘Ceuta, Melilla y Schengen – Situación actual y posibilidades futuras’, Miguel Acosta cree que el régimen de exención de visados con las regiones marroquíes limítrofes, Nador y Tetuán, debería favorecer el desarrollo socioeconómico de la zona en beneficio de ambos países.
Para ello, se podrían reabrir todos los pasos fronterizos con Marruecos de Ceuta (Tarajal y Benzú) y Melilla (Beni Enzar, Barrio Chino, Mariguari y Farhana), permitiendo la libre circulación con las provincias limítrofes y garantizando la exención de visados con Nador y Tetuán. Sin embargo, deberían fortalecerse las medidas de control fronterizo, a través especialmente de los mecanismos de Smart Borders, así como con más recursos humanos, económicos y de infraestructuras.
Llegado el caso, se podría mantener a las dos ciudades autónomas en el espacio Schengen, continuándose con los controles en las fronteras aeroportuarias -puerto y aeropuerto en Melilla, y puerto y helipuerto en Ceuta-. No obstante, ello debería ir acompañado de una mejor cooperación policial, judicial y administrativa entre España y Marruecos.
Eso sí, en los distintos acuerdos y compromisos que se alcanzaran entre España y Marruecos relativos a las fronteras y los controles, “nuestro país debería insistir en la españolidad expresa de Ceuta y Melilla”. Además, se implicaría a las instituciones de la UE, remarcando la dimensión europea de ambas ciudades como fronteras exteriores y dentro del espacio Schengen. Esto último podría lograrse, por ejemplo, con la ubicación en las ciudades autónomas de un observatorio europeo para las migraciones, o incluso un centro nacional o europeo de formación de la Agencia Europea de Guardia de Fronteras y Costas (Frontex).
A continuación, sobre la integración de Ceuta y Melilla en la Unión Aduanera, Miguel Ángel Cepillo asegura, en primer lugar, que los términos de dicho debate requieren de un cambio de enfoque a la vista de las actuales circunstancias de cambio sustancial de las condiciones económicas de Ceuta y de Melilla y del escenario particularmente propicio a dicha integración que dibuja la nueva hoja de ruta establecida en la Declaración conjunta hispano-marroquí de 7 de abril de 2022. “Consideramos, en ese sentido, que no se trata ya de plantear la conveniencia o no de dicho ingreso, lo que a nuestro juicio sería un debate ya superado, por obsoleto y alejado de la actual realidad de Ceuta y Melilla, sino de cómo ha de materializarse la integración en la Unión Aduanera para garantizar el mejor futuro posible a las ciudades autónomas”, especifica el autor.
En atención a lo anterior, segundo, dice Cepillo, sería necesario que los estudios que hayan de realizarse para analizar la viabilidad del ingreso de Ceuta y Melilla en la Unión Aduanera no se centren en las posibles consecuencias económicas de dicha medida para ambas ciudades, sino en la formulación de propuestas de un nuevo modelo económico que sepa aprovechar al máximo las oportunidades que brinda la inclusión de Ceuta y Melilla en el territorio aduanero europeo.
En tercer lugar, en su opinión, sería precisa la puesta en práctica cuanto antes por parte de las autoridades españolas de una nueva configuración de las fronteras de Ceuta y de Melilla para poder acometer en toda su extensión la nueva realidad que implica su consideración como aduanas comerciales con Marruecos y la eventualidad de la integración de las ciudades autónomas en la Unión Aduanera en un futuro más o menos cercano. Ello implica, prosigue, dotar de forma gradual a las fronteras de Ceuta y de Melilla de nueva infraestructura y de los recursos humanos necesarios durante los próximos meses para adecuar los controles aduaneros allí existentes a un escenario completamente diferente al actual, en el que la circulación de mercancías con Marruecos pueda hacerse a través de circuitos profesionales y no de manera informal. La implementación de aduanas comerciales en Ceuta y en Melilla y la incorporación de ambas al territorio aduanero europeo habrían de posibilitar, en definitiva, una mejor integración económica de las ciudades autónomas con Marruecos a través de operaciones normalizadas de importación y exportación de mercancías que sólo unas aduanas comerciales convencionales pueden proporcionar.
Miguel Acosta desarrolla el quinto capítulo del informe, titulado ‘Ceuta, Melilla y el paraguas de la seguridad y defensa española y europea’. En él asegura que “en la Estrategia de Seguridad Nacional del Reino de España debe indicarse claramente la dimensión europea de Ceuta y Melilla como territorios y fronteras exteriores”. Ello debe implicar, además, la expresa mención a estar bajo la cobertura de la cláusula de legítima defensa prevista en el artículo 42.7 del Tratado de la Unión, que establece que establece que, “si un Estado miembro es víctima de agresión armada en su territorio, el resto de Estados tienen la obligación de ayudar y asistir a través de todos los medios a su alcance”.
También establece que, en el marco de las nuevas formas de cooperación en el ámbito de la industria de defensa, y por medio de la cooperación estructurada permanente, España debe incidir en aquellos proyectos que puedan tener un importante impacto en la naturaleza europea de Ceuta y Melilla, especialmente aquellos relacionados con la vigilancia y protección marítimas y que permitan a ambas ciudades autónomas insistir en su europeidad frente a cualquier amenaza.
Por lo tanto, concluye, el futuro Plan Integral de Seguridad para Ceuta y Melilla debe basarse en la normativa europea en materia de control y vigilancia de fronteras exteriores, en el marco de Frontex. Ello implica saber cómo actuar ante una situación de crisis, con qué medios se disponen y de qué forma deberá coordinarse con las agencias europeas. Y todo ello, además, deberá reflejarse en la futura Estrategia Nacional de Gestión Integrada de Fronteras.
En el sexto capítulo, ‘Ceuta y Melilla en las instituciones y redes de regiones y ciudades europeas, Juan Domingo Torrejón propone, vista la “escasa presencia de las ciudades autónomas de Ceuta y Melilla en las instituciones y redes de autoridades locales y regionales de ámbito europeo”, que, en el seno de la Conferencia para Asuntos Relacionados con la Unión Europea (Carue), que Ceuta y Melilla acepten el ofrecimiento que se les hizo en 2009 y se encarguen de la coordinación de la representación de las Comunidades Autónomas ante el Consejo de Medio Ambiente de la UE.
De la misma manera, y tal como viene insistiendo el presidente de la Ciudad Autónoma, Eduardo de Castro, el profesor propone que se cumpla lo previsto en la Proposición de ley de 2014 y que Ceuta y Melilla se incorporen al Comité Europeo de las Regiones. “Esto no solo dará, por sí solo, una mayor visibilidad a Ceuta y Melilla, sino que abrirá un marco de participación en diversas asociaciones y redes de entidades regionales y locales de ámbito europeo”, indica Torrejón, quien establece como alternativa estudiar una participación indirecta, bien a través de la Conferencia de las Asambleas Legislativas Regionales de Europa (Calre) o a través de través de las redes de entidades locales y regionales de intereses generales.
También propone el informe la apertura de una sede en Bruselas, en el lugar conocido como Reper, cuyos trámites ya han comenzado y donde se encuentran otras autonomías españolas, que son Madrid, Aragón, Asturias, La Rioja, Castilla-La Mancha y Castilla y León.
Igualmente, recomienda el profesor la incorporación de Ceuta y Melilla a la Asamblea Regional y Local Euromediterránea, a Regiones Fronterizas Europeas, a la Asamblea de las Regiones de Europa y al Pacto de los Alcaldes, así como a las asociaciones de las que formen parte ciudades y/o provincias marroquíes, tales como la European Confederation of Local Intermediate Authorities, la Alliance des Villes Euro-méditerranéennes de Culture, ACRplus (Association of Cities and Regions for Recycling and sustainable Resource mana-gement y MedCities).
En otros casos, como el Consejo de las Municipalidades y Regiones Europeas (CEMR), Ceuta y Melilla podrían reforzar su participación a través de la Federación Española de Municipios y Provincias.
En cuanto a otras asociaciones y redes de entidades locales y regionales, Ceuta y Melilla podrían estudiar si les interesa participar en entidades como Arco Latino, dado que pare-cen tener escasa actividad reciente.
Otras opciones son que Ceuta y Melilla estudien la posibilidad de crear asociaciones y redes nuevas, por ejemplo, redes con entidades locales y regionales, de países de la Unión Europea, situadas en áreas fronterizas; y finalmente, Ceuta y Melilla deberían estudiar la participación en redes de alcance mundial, o redes con ciudades de otros ámbitos geográficos, más allá del Mediterráneo.
Finalmente, en el séptimo capítulo, referido a las Islas Chafarinas, Jesús Verdú considera que “la figura jurídica más adecuada y que proporciona mayores posibilidades de las existentes en el Derecho Internacional del Medio Ambiente” sería una eventual proposición conjunta de una Zona Especialmente Protegida de Importancia para el Mediterráneo (Zepim). En cualquier caso, como quiera que las Chafarinas están reconocido por la UE como un territorio europeo especialmente protegido y con una especial aplicación de la normativa ambiental europea, “para España parece claro que es conveniente reforzar la aplicación en el archipiélago de proyectos europeos e incrementar la proyección de la presencia institucional de la UE en este espacio protegido singular”.
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