Se vuelve a ‘retrasar’ el barco

Como platos debieron de quedársele los ojos al viceconsejero de Turismo, Javier Mateo, cuando ayer conoció que la adjudicación del contrato de navegación marítima acababa de sufrir un nuevo revés. Su intención era ofertar los nuevos barcos en la Feria Internacional de Turismo.

Precisamente allí fue donde hace meses conoció que el primer concurso había quedado desierto. Entonces, al enterarse que no se había presentado ninguna oferta, se quedó mudo. Y ayer volvió a sucederle lo mismo. Tuvo que ser el portavoz del Gobierno local, Daniel Conesa, quien tomara la palabra para explicar en El Faro qué ha sucedido esta vez.
La suspensión del proceso de adjudicación es sencilla de comprender. El Ayuntamiento de Motril ha presentado un recurso ante el Tribunal Administrativo Central de Recursos Contractuales. En su escrito el Consistorio pedía la paralización del proceso hasta que se estudien sus argumentos en favor de incluir su puerto en el contrato de navegación marítima porque, si finalmente éstos son tenidos en cuenta, sería muy complicado reparar los perjuicios para el municipio granadino una vez adjudicado el contrato en las condiciones actuales.
Las entidades motrileñas promotoras del recurso valoraban ayer su admisión como una victoria, pero lo cierto es que el tribunal ha actuado prácticamente de oficio, sin casi valorar los argumentos que se vuelven a exponer en defensa del puerto granadino.
Tendrán que ser analizadas las tesis del enclave motrileño desde un punto de vista legal, pero valoradas desde el sentido común no tienen ni mucho peso ni gran recorrido. Básicamente, porque es imposible cualquier tipo de discriminación hacia Motril ya que los destinatarios de la subvención al transporte marítimo no son los enclaves portuarios sino los ciudadanos que residen en Melilla. Por lo tanto, la competencia no es entre destinos sino entre compañías navieras que están dispuestas a realizar por un precio máximo establecido en el pliego de condiciones los trayectos que los melillenses han elegido a través de sus representantes políticos. Entendido esto, sobran cualesquiera otras explicaciones. Defender un argumento distinto no conduciría más que a situaciones absurdas. Por ejemplo, ¿por qué no pueden optar también a nuestro concurso los puertos de Cartagena, Alicante, Valencia, Cádiz, Huelva o cualquier otro del litoral español? Incluso podría caber la posibilidad de que algún municipio marítimo del resto de la Unión Europea también presentara las mismas alegaciones que Motril. ¿Qué pasaría si la mejor oferta fuera de  una naviera que deseara enlazar Melilla con Algeciras? Adjudicar el servicio a ese puerto gaditano sería tan absurdo como si un conductor de la península sólo pudiera viajar a donde le permitiera el fabricante del vehículo que acabara de comprar. O si al desembarcar en Málaga quisieramos tomar un taxi para ir de vacaciones a Murcia, pero el taxista decidiera llevarnos a Sevilla para no discriminar turísticamente a la capital andaluza.
Si Motril debe estar incluido en nuestro contrato de navegación marítima o si el puerto granadino debe sustituir al malagueño o al almeriense, es una debate que sólo nos corresponde a los melillenses. Y si decidimos abrir esa discusión, desde luego, no se decidiría en los tribunales sino en el ámbito político, en nuestra Asamblea, que es dónde nuestro Estatuto de Autonomía nos reconoce el derecho y la capacidad para resolver los asuntos que afectan a nuestro futuro como pueblo.
Si el sentido común y la ley van de la mano en este asunto, continuará el proceso de adjudicación desde el punto en el que ahora ha quedado paralizado. De lo contrario, se producirá el absurdo de que sea la ley de la oferta y la demanda quién diga en qué puerto desembarcaremos los melillenses cuando subamos a un barco en nuestra ciudad. El barco se puede retrasar, pero sólo deberá llevarnos a dónde nosotros decidamos.