Educación

SATE-STEs reivindica más medios, menos ratios y más docentes para una educación pública de calidad

El sindicato lamenta que la progresiva burocratización del trabajo docente en los centros aleja al profesorado de la actividad pedagógica

Más medios, menos ratios y más docentes para realizar una gestión eficiente que garantice la calidad, la equidad y la inclusión en la educación pública. Esto es lo que este 27 de noviembre, y una vez más, reivindica SATE-STEs.

La vida ha cambiado mucho en los últimos años, la democracia trajo una nueva organización educativa y actualmente las mujeres ya ocupan el 72,8% de los 760.000 puestos docentes en la educación pública no universitaria. En Infantil y Primaria, representan el 84,1%; y son también mayoría en las enseñanzas medias, al suponer el 60,7%. Es necesario visibilizar el papel de las mujeres en la enseñanza y, para ello, la feminización de esta profesión, nos permite la licencia de hablar de celebrar el ‘Día de la Maestra’.

Una progresiva burocratización que asfixia al personal docente

La labor docente ha incrementado su carga laboral “hasta niveles nunca vistos”. “La voz del profesorado no es escuchada, la progresiva y asfixiante burocratización del trabajo docente en los centros aleja a las y los maestros de la propia actividad pedagógica, lo que se respira en la escuela es un sentimiento de frustración, de plazos imposibles de cumplir y documentos de obligada elaboración que ni se sabe para qué sirven. Todo ello resta tiempo para el alumnado con mayor dificultad. Vivimos en una época en la que la incertidumbre se ha instalado en el quehacer diario del profesorado”.

La LOMLOE implica nuevas metodologías, nuevos currículos y nueva forma de evaluar, pero no se ha destinado la suficiente inversión para su adecuada implantación. Son grandes cambios que se han realizado durante el último año de forma acelerada y sin las herramientas necesarias para llevar a cabo los procesos de adaptación. Se exige además a las profesionales de la educación un giro en sus propios marcos mentales, quizás es el cambio más complicado, puesto que supone pasar de un sistema academicista, memorístico y en cierta forma elitista, muy orientado a la selectividad como paso previo del universitario, hacia un enfoque competencial en la forma de enseñar y aprender.

Pero mayor es la dificultad que conlleva el mandato político por parte de la Administración para converger con la métrica estadística europea, ya que nuestro país ocupa una de las peores posiciones de los países desarrollados en lo que a tasa de repetición, abandono educativo temprano y tasa de paro juvenil se refiere. Planes como el de lectura dejan al descubierto las debilidades de nuestro sistema educativo. El incumplimiento del objetivo de 2020 de la UE, que proponía no superar la tasa del 15% de jóvenes de 15 años con serias dificultades de comprensión lectora, obliga a realizar un esfuerzo cooperativo e interdisciplinar entre todo el claustro de los centros para atajar el problema.

También el cambio en la evaluación para la promoción y titulación que instaura la nueva ley educativa se traduce en un incremento de trabajo notable para el profesorado. Así, un suspenso supone realizar planes de refuerzo y recuperación; y, en el caso de reclamación de notas, el profesorado se enfrenta a un verdadero laberinto normativo. Además, los nuevos conceptos educativos del ‘Diseño Universal para el Aprendizaje’, en cuanto a rúbricas, situaciones de aprendizaje, aprendizajes imprescindibles o perfil de salida, producen un cuello de botella para actualizar los proyectos educativos de los centros, las programaciones de los departamentos y la elaboración de nuevos materiales curriculares.

Esta carga laboral docente se va incrementando, además, con la aprobación de otras normas, como la figura del coordinador de bienestar que recoge la Ley de protección integral a la infancia y la adolescencia frente a la violencia para evitar el maltrato y el acoso. Esta ley ha nacido sin adscripción a los departamentos de orientación y sin perfil profesional definido, pero con muchas funciones a desarrollar: promover planes preventivos y de sensibilización, recomendaciones para trabajar la ciberconvivencia, protocolos de coordinación, lo que exige construir colaboraciones internas (equipo directivo, docentes, personal administrativo y de servicios, familias, alumnado y servicios de orientación) y externas (servicios sociales, sanidad, cuerpos y fuerzas de seguridad, justicia).

El conjunto de propuestas incluye el tiempo extraescolar y se exige a coordinadores de bienestar formación sobre cómo intervenir ante casos de violencia, así como contar con habilidades de liderazgo y de inteligencia emocional y, a ser posible, con formación específica sobre el maltrato infantil intrafamiliar, el absentismo escolar, la violencia machista, la violencia intrafamiliar, el bullying y el ciberbullying, el consumo de sustancias y la prevención del suicidio y las autolesiones. Todo esto se está implantando a coste cero, simplemente sumando las funciones a otras que ya tuviera el profesorado.

Pero esto no es todo, los planes de digitalización, por su parte, obligan al profesorado a evaluarse como en los niveles del Marco Común Europeo de Referencia para las Lenguas y a formarse en competencia digital fuera de su horario lectivo. Además de un giro del marco mental que implica la LOMLOE, se nos pide también el cambio de un esquema mental analógico a uno digital, sin que se tenga en cuenta que el 30% de la plantilla supera los 50 años y necesita apoyo para hacer esta transición”.

Y todo esto exige menos ratios, más medios y más docentes y mejor reconocidos.

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