SATE-STEs cree que los conflictos en el aula son responsabilidad de toda la comunidad educativa

El sindicato autónomo de la enseñanza, SATE-STEs, ha manifestado mediante un comunicado este domingo que los conflictos que se producen en las aulas son una realidad que debe preocupar al conjunto de la comunidad educativa. Ésta está integrada, afirma, por los alumnos, los docentes y también los padres y madres del alumnado, que intervienen en el sistema "por los cauces establecidos ejerciendo sus derechos y obligaciones que la norma les confiere".

A SATE-STEs le preocupa que parte de la comunidad "no encuentre en las vías establecidas la forma de resolver de forma pacífica estas situaciones indeseables, y que en algunos casos, padres y madres opten por la vía judicial para buscar una resolución a esta desagradable situación. Conocemos de primera mano los conflictos que se han producido en las aulas y que están ocasionando un gran malestar entre los docentes de nuestra ciudad, colectivo al que representamos", señala.

Esta organización sindical sale en defensa de los docentes que se han visto implicado en los conflictos, el último de ellos en el instituto Enrique Nieto y con un alumno con  necesidades especiales, y afirma que han actuado "de forma correcta, velando por la seguridad del resto de los alumnos de esa aula en concreto, así como por la seguridad de los alumnos directamente implicandos, evitando que se hiciera daño así mismo así como al resto de sus compañeros y docentes".

SATE-STEs afirma que los padres y madres del alumnado han contado, antes y después del conflicto en sí, "con el apoyo y asesoramiento de los tutores, equipos directivos y departamentos de orientación". "Los docentes necesitamos que la relación con los padres y madres de nuestros alumnos sea fluida y cordial, pues ellos proporcionan una información esencial para poder atender a nuestro alumnado de la forma más personalizada posible que nos permita adecuar nuestros métodos a sus necesidades. Es una de las formas de relación en esta comunidad educativa más necesaria en la consecución de nuestros objetivos comunes".

En ese sentido, apunta que los centros educativos han rechazado hacer declaraciones públicas que diesen a conocer los hechos acontecidos, las circunstancias médicas en las que se encontraban los alumnos, así como las actuaciones que se llevaron a cabo para velar por su integridad y la del resto de los compañeros y docentes del aula. Ello para llegar a la conclusión de que la prensa ha dado "una versión sesgada de los acontecimientos de este tipo".

"Muy a nuestro pesar, el uso de la violencia es cada vez mayor en la sociedad y, como no puede ser de otra manera, en las aulas se utiliza cada vez más como reflejo de lo que ocurre fuera. Somos testigos directos de que el profesorado es el medio principal que evita que los conflictos se resuelvan de forma violenta. Medida que ocasiona perjuicios psicológicos y en algunos casos físicos en los docentes. Somos la única profesión que atiende a toda la población de una franja de edad y lo hacemos en grupo, y demasiadas veces en grupos excesivos", insiste el sindicato.

Por ese motivo recuerda que las responsabilidades por los daños y perjuicios que se pudieran exigir judicialmente en estos casos de violencia en las aulas "podrían recaer en cada uno de los grupos que formamos parte de esta comunidad" y lamenta que están acostumbrados "a que sean los docentes los primeros en ser expuestos públicamente como responsables en estos casos y olvidamos que el alumnado recibe y debe recibir los valores de respeto, de no violencia y de empatía en sus entornos más cercanos, valores que alimentamos de forma complementaria y conjunta en los centros educativos".

"Los conflictos van a seguir existiendo. Está en manos de todos el que busquemos soluciones que permitan que nuestro alumnado no recurra a la violencia para resolverlos. Nuestros hijos e hijas tienen derecho a tener unos centros educativos seguros y libres de violencias", manifiesta para añadir que "SATE-STEs vela por el bienestar de los docentes, por su salud física y psicológica y exige a la administración educativa que contribuya a que los centros educativos de Melilla cuenten con los recursos que sean necesarios, aunque sean más de los que establece la normativa, para contribuir a la seguridad e integridad del alumnado y su profesorado", concluye.