SATE-STEs cree que el acuerdo para la estabilidad de los interinos es insuficiente

SATE-STEs considera insuficiente el acuerdo para la estabilidad de los interinos. La organización sindical señala que "es un paso en la senda adecuada, pero insuficiente". En una nota de prensa recordaron que fue el 11 de noviembre cuando se hizo público el acuerdo entre el Gobierno del PSOE-Unidas Podemos y los grupos parlamentarios de ERC y PNV para proceder a estabilizar en el empleo al personal interino de la Administración que lleva desde 2016 (más de 5 años) ocupando el mismo puesto de trabajo.

Pasado el revuelo inicial, "con la calma que el asunto requiere y a la espera de ver toda la letra pequeña", desde el sindicato creen que cabe hacer algunas consideraciones sobre este acuerdo, q"ue excluye temporalmente a los sectores de Educación y Sanidad que dispondrán de un año para negociar la adaptación del mismo a las condiciones específicas de su ámbito".

"Resulta indiscutible que estamos ante una medida insuficiente, ya que, a falta de profundizar en el análisis y de ver cómo queda la redacción final del Real Decreto, que no da solución a todo el personal sometido a abuso de contratación; incumple la normativa europea, que define el abuso de temporalidad a partir de 3 años; y no garantiza la inclusión de todas las vacantes que son de hecho estructurales pero que el Ministerio se resiste a incluir en las plantillas", indicaron.

SATE-STEs considera que esta propuesta no es la solución por la que vienen trabajando desde hace tiempo pero creen que supone un cambio importante que "cuestiona el dogma oficial defendido por los sindicatos mayoritarios hasta ahora de que la única vía de acceso a la función pública es la oposición y el concurso-oposición".

"Como sindicato hemos explorado dos vías: por un lado, la judicial a través de otros sindicatos de la Confederación de STEs, que no ofreció resultados satisfactorios en su momento, pero que sigue abierta y en estudio –con el escepticismo que genera en nuestros servicios jurídicos- teniendo en cuenta las novedades jurídicas; y, por otro lado, la vía del contacto y conversaciones con diferentes grupos parlamentarios para forzar el cambio legislativo, la solución política, por la que nos hemos movilizado a todos los niveles", indicaron.

Entre las iniciativas que han realizado, en la primavera pasada participaron en las jornadas de debate que tuvieron lugar en el Senado junto a diversos grupos parlamentarios; organizaron movilizaciones con otros sindicatos llegando a convocar una jornada de huelga previa a la firma del RDL 14/2021 de 6 de julio (conocido como “icetazo”) para forzar el rechazo ante lo que intuían que iba a suponer un ERE en toda la función pública. "Inmediatamente después, durante el verano elaboramos enmiendas a ese RDL y trabajamos con los grupos parlamentarios del Congreso para buscar su apoyo. Recientemente, a finales del mes de octubre convocamos otra huelga –a la que por voluntad del colectivo Melilla no se sumó-, coincidiendo con el desarrollo de las negociaciones en el Parlamento para convalidar del RDL. Asimismo, en Melilla SATE-STEs organizó una concentración de apoyo a la manifestación de Madrid en junio pasado", recordaron.

SATE-STEs destacaron también el cambio de actitud de los sindicatos que firmaron en 2017 el Plan de Estabilización en el Empleo. "Durante todo este tiempo han mantenido una actitud de incomprensión absoluta hacia lo que estaban poniendo en marcha: la oferta de plazas mediante procesos selectivos de libre concurrencia y resultado incierto, que ponían en peligro los derechos laborales adquiridos por el personal interino en situación de abuso, tal y como reconocen los pronunciamientos europeos, acusándonos de vender humo y de hacer propuestas ilegales, a la vez que tranquilizaban al personal docente argumentado que estas medidas no afectarían a educación,   y, tras la firma del “icetazo”, estos sindicatos comenzaron a girar los argumentos hacia soluciones intermedias que matizaban su discurso", afirmaron.

Por tanto, desde la organización sindical señalan que seguirán insistiendo en que lo que piden es "lo más justo y sencillo: trasladar al sector público lo que es de obligado cumplimiento en el privado en materia de contratación, mediante medidas de corte político –como ésta que nos ocupa- sin necesidad de abocar a los afectados a un calvario jurídico de incierto resultado, y acabar con el abuso de temporalidad de personas que, no lo olvidemos, accedieron a sus puestos cumpliendo con los requisitos constitucionales de capacidad, mérito y publicidad".