El sindicato de enseñanza Sate-Ste exigió el miércoles que la mayoría parlamentaria contraria a la aplicación de la Lomce se una para aprobar la derogación de esta reforma educativa.
Sate critica también que la celeridad con que el Gobierno de Rajoy aprobó poco antes de las elecciones y por decreto la evaluación final de Primaria costará a las arcas del Estado 1,4 millones de euros. Y no es sólo cuestión de dinero porque en opinión del sindicato esta decisión del Ejecutivo “supondrá un ataque frontal a los derechos 482.000 alumnos que concluyen esta etapa”.
La organización sindical denuncia además que “las evaluaciones externas suponen ignorar las condiciones en las que se desarrolla el aprendizaje, además de la influencia del contexto”.
Sate cree que este tipo de pruebas desprecian la profesionalidad de los profesores (y de los centros). “Se minusvalora y se ignora su formación y capacidad para evaluar al propio alumnado, para detectar en qué aspectos hay problemas y cómo y cuándo abordarlos, desde qué enfoque y con qué recursos. (La evaluación final) Es restar la capacidad a los centros para conocer y abordar los problemas que puedan surgir y buscar los mecanismos para solventarlos”, señaló en una nota de prensa.
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