Los cinco cepemistas que se encontraban en prisión preventiva (Mustafa Aberchán, Dunia Almansouri, Rachid Bussian, Hassan Mohatar y Mohamed Ahmed) por sus relaciones con la llamada operación Santiago-Rusadir han sido puestos en libertad con cargos, según han señalado a El Faro distintas fuentes. Éstas han señalado que la juez ha argumentado que ya no existe riesgo de fuga ni de destrucción de pruebas, razones por las que ha decidido que salgan de sus respectivos centros penitenciarios.
El líder de CpM y esos cuatro exconsejeros del Gobierno melillense han permanecido durante 71 días en prisión acusados de los presuntos delitos de organización criminal, malversación de fondos, prevaricación, contratación fraudulenta, tráfico de influencias y falsedad documental, entre otros, como consecuencia de la "compra masiva" de votos por correo en las elecciones autonómicas y municipales de mayo de 2023.
Los investigadores de la Policía Nacional en sus sucesivos atestados y tomando como referencia tanto los documentos aportados por la propia Ciudad Autónoma como por las escuchas a los sospechosos, establecían la existencia de una red criminal organizada en torno al partido de CpM cuyo objetivo era conseguir fondos públicos para sufragar el coste de una operación de voto por correo que les permitiera asumir el Gobierno de Melilla con mayoría absoluta. Se calcula que se habrían adquirido alrededor de 10.000 votos.
Esos mismos funcionarios policiales apuntan a la existencia de una organización piramidal liderada por Mustafa Aberchán y en la que participarían también decenas de empresarios afines al partido, familiares de los exconsejeros y un número indeterminado de individuos colocados en los distintos barrios marginales de la ciudad, encargada de llevar a cabo tanto la recaudación del dinero como la misma compra de votos.
Se calcula que habría unos 358 contratos menores vinculados a esa red y que se habrían desviado más de 7 millones de euros en esas operaciones, cuyos primeros pasos se conocieron hace un año, cuando la primera pieza judicial, declarada secreta, produjo las primeras detenciones, entre ellas las del entonces consejero de Distritos, Juventud y Participación Ciudadana, Mohamed Ahmed Al-Lal.
Fue a comienzos de marzo pasado, sin embargo, cuando estalló la llamada operación Santiago-Rusadir con la detención e ingreso en prisión sin fianza de cuatro exconsejeros cepemistas más el presidente del partido, que en ese momento se encontraba en Santander en un curso relacionado con su profesión como cirujano de la sanidad pública. La también consejera Cecilia González fue detenida pero puesta en libertad, al igual que la viceconsejera del Mayor, Fatima Kaddur, que en ese momento estaba en Barcelona. Fue en un juzgado de la ciudad condal donde prestó declaración y se le impusieron medidas cautelares, como la obligación de presentarse en el juzgado de Melilla cada quince días.
La viceconsejera de Incidencias y Línea Verde, así como presidenta de Emvismesa, Yonaida Se-Lam, por su parte, también tuvo que pisar la cárcel melillense que, en su caso, eludió, sin embargo, con el pago de una fianza de 5.000 euros.
Según fuentes de la investigación, la operación Santiago-Rusadir solo es una de las piezas que están sobre la mesa del Juzgado de 1ª Instancia e Instrucción número 2 que investiga las diligencias. Esas fuentes apuntan a que en este caso se trata únicamente de los contratos menores de la Ciudad Autónoma bajo el Gobierno de Eduardo de Castro, pero que continúan bajo secreto otras tres piezas que guardarían relación con los contratos mayores, subvenciones públicas, relaciones con Marruecos y blanqueo de capitales.
Precisamente este martes se ha conocido, además, que el exconsejero de Medio Ambiente, Hassan Mohatar, ha contratado para su defensa los servicios de uno de los abogados más importantes de España en materia penal. Se trata, según el diario Viva Huelva, del letrado Raúl Pardo Geijo Ruíz, que ha participado en causas tan mediáticas como la Gurtel, el caso Malaya o la Púnica, entre otras de gran repercusión social.
Además, la abogada de Rachid Bussian, Bárbara Royo, ha dejado de manifiesto que "tras dos meses de verdadera condena anticipada en un procedimiento, a mi juicio, que se sostiene sobre humo, no cabía ahora mismo más remedio que ponerles en libertad, puesto que ninguno de los argumentos que adujo la jueza de instrucción en su auto de 5 de marzo se sostenían, tal y como ha dicho la Audiencia Provincial", explicó.
Royo ha señalado que se ha "descartado de raíz aquel riesgo de fuga basado en la situación geográfica de Melilla o en la posibilidad de que tuviesen motos de agua o el riesgo de presionar a terceras personas". "Esos son los argumentos en los que se basaba el auto de cinco de de marzo de prisión. Bueno, pues ambos directamente han sido desechados por la Audiencia Provincial. Por tanto, no se sostenía ya la prisión provisional. Podía haber llegado antes la libertad. Dos meses de prisión provisional es una verdadera condena adelantada", finalizó.
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