Los sindicatos firmaron hace unos meses un protocolo de actuación frente a la violencia en el trabajo en los centros dependientes del Ingesa para Melilla, Ceuta y el Centro Nacional de Dosimetría de Valencia. Este documento se debatió en mesa sectorial y los agentes sociales están satisfechos con él. CCOO asegura que, “en general, es un buen protocolo”. Por su parte, el Sindicato de Auxiliares de Enfermería (SAE) destacó que, “de momento, está funcionando”. El pasado lunes se publicó en el Boletín Oficial del Estado (BOE).
CCOO indicó que muchas de las aportaciones que llevó a la mesa sectorial para este documento se han tenido en cuenta. No obstante, hay una petición que se realizó desde esta organización y se quedó fuera de este protocolo. CCOO quería que se aplicara también para los trabajadores de empresas privadas que ofrecen servicios al Ingesa, como es el caso de las ambulancias o de los vigilantes de seguridad. Sin embargo, el Instituto aseguró que debían ser las empresas las que dieran esta cobertura.
Por su parte, el Sindicato de Enfermería (SATSE) también señaló que están de acuerdo con este protocolo. En cuanto a SAE, subrayó que el documento recoge todos los apartados que se negociaron. Indicaron que, por ahora, “está funcionando”. Además, añadió que se trata de un “protocolo vivo” que se revisará de forma anual.
En el documento se recoge que el concepto de violencia va más allá de la mera agresión física, ya que se incluyen otras conductas susceptibles de violentar e intimidar a quien la sufre, como son actitudes verbales o físicas amenazantes, intimidatorias, abusivas y acosantes, que son los incidentes más comunes.
El protocolo se desarrolla a través de varios puntos, como son la evaluación del riesgo, las actuaciones preventivas frente a esta violencia, el procedimiento de actuación ante la agresión y el seguimiento de las actuaciones desarrolladas ante esta situación.
Se describe que cada centro, departamento o servicio debe hacer un diagnóstico de la situación de riesgo que hay y qué puestos son los más susceptibles de sufrir una agresión, aunque se revise por los servicios de prevención de riesgos laborales.
En este sentido, el Ingesa recoge una posible clasificación de las incidencias que se pueden dar y que pueden llegar a una violencia por parte de una persona contra los trabajadores de un centro sanitario. Entre ellas están: el tiempo de espera, la falta de información, la falta de señalización, la disconformidad con la atención o el trato recibido o con la resolución de su expediente médico.
Asimismo, se recogen una serie de medidas proactivas para evitar agresiones, como la instalación de vigilancia, limitar los accesos a las zonas del hospital o reducir los elementos decorativos para evitar que sean utilizados como armas.
Pero ante una situación de riesgo, el Ingesa señala que el empleado debe mantener el equilibrio emocional y la escucha activa; explicar con serenidad los motivos que impiden ceder a las peticiones del agresor; no responder a las provocaciones; reconocer las deficiencias de la organización sanitaria; y avisar a un compañero o responsable para que haga de mediador con esta persona.
Sin embargo, si el profesional ve que la situación de conflicto pone en riesgo su integridad personal, debe activar los dispositivos de seguridad y avisar a los vigilantes y a la Policía. Añade que se debe huir en cuanto se pueda si el agresor lleva alguna arma u objeto punzante.
El protocolo subraya que, si no se ha podido evitar la agresión, es preciso realizar una serie de trámites. En primer lugar, el trabajador agredido debe acudir a Urgencias del hospital o a Atención Primaria según la gravedad del incidente, incluso aunque no haya sido una violencia física. También deberá avisar a la Policía. Para facilitar la tarea, el personal de seguridad puede anotar los datos de los testigos y se harán fotografías si hay daños materiales.
Además, deberá valorar si denuncia en los juzgados y, si es así, debe enviarse una copia al interlocutor de la Policía.
En relación a este último punto, en nuestra ciudad se creó ya la figura del interlocutor policial territorial sanitario. Forma parte de una de las medidas de mejora de coordinación con las Fuerzas y Cuerpos de Seguridad del Estado, recogidas en el protocolo.
En cuanto al seguimiento que se realizará de las actuaciones adoptadas frente a las agresiones, se indica que después de cada incidente se hará una valoración conjunta de las medidas de seguridad existentes en el centro, analizando si hay carencias o fallos, y adoptando medidas correctoras si es necesario. Incluso se puede determinar si se precisan de medidas especiales con relación al ejercicio del derecho a la asistencia sanitaria del agresor (como un cambio de médico o de centro) y a la protección del profesional agredido.
Además, el Ingesa contempla la creación de un registro informático de agresiones que permitirá recoger los datos específicos de cada incidente violento. Con esta información se podrá convocar una reunión anual, al menos, con los agentes sociales para ver cómo está funcionando el protocolo.
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