“Si me echan del albergue no tendré a donde ir con mis hijos”. Este es el testimonio de Fátima Zohra, una melillense que reside en el albergue de San Vicente de Paul desde el pasado 23 de diciembre, fecha en la que vio como ardía su casa. Sin embargo, sobre ella y sus hijos pesa una orden de desahucio por parte de la Consejería de Bienestar Social, desde donde indican que su estancia en dicho albergue era sólo una medida temporal.
No obstante, la afectada se resiste a abandonar su actual domicilio, y es que afirma que la cuantía económica que le ofrecen los servicios sociales para el alquiler de una vivienda “no da ni para dormir en el parque”.
Todo comenzó ayer por la mañana, cuando dos patrullas de la Policía Local se personaron en San Vicente de Paul para desalojar a Fátima y a dos familias más. Sin embargo, y ante la insistencia de los afectados de que no tenían sitio donde ir, se les permitió quedarse un tiempo más en el albergue, no sin antes recordarles que su estancia es una medida de carácter temporal.
“Soy una madre soltera y nadie confía en mí para alquilarme un piso”, lamenta Fátima, “no somos gente de la calle, ni estamos viviendo en el albergue por gusto, sino porque perdimos nuestra casa”.
Denuncia de Prodein
Así, la ONG melillense Pro Derechos de la Infancia (Prodein) se hizo eco de los sucesos acaecidos ayer por la mañana, y ha alertado que tres familias podrían quedarse sin hogar si nadie lo remedia.
Desde Prodein afirman que tan sólo le han ofrecido 1.500 euros a Fátima para abandonar su residencia, un dinero “con el que no tiene ni para empezar”, ya que la afectada tiene que hacerse cargo de sus hijos.
La ONG melillense señala que emprenderá acciones para defender los derechos de estas familias y que así no acaben “durmiendo en la calle”.
